La reputación, prestigio y buen nombre son activos intangibles valiosísimos que poseen un valor medible con dinero. Puede justipreciarse el daño causado por difamadores y otros deslenguados.

Quien injuria y difama a otro es un asesino del carácter ajeno. ¡No merece impunidad! Por eso sigo opuesto al reclamo de colegas quienes arguyen que conviene “eliminar la prisión para delitos de palabra y dejarlos en la esfera civil, para que la reparación del daño, en caso de comprobarse la difamación o la injuria, no conlleve cárcel”.

La pena de privación de libertad no ha bastado para prevenir la infame vocinglería de difamadores ni son disuasivas simples multas, como poniendo precio a honras ajenas.

Las más notorias condenaciones locales por difamación son por insultos políticos: Faña del PRM, Martínez Pozo difamó un dirigente “verde”, Vincho a Hernani, Wilton al expresidente Mejía.

En vez de abogar por la velada impunidad que es eximir de condenas penales incluyendo cárcel por difamación e injuria, deberíamos procurar mejores maneras de debatir, hacer periodismo y discutir públicamente.