Santo Domingo.- Con 25 minutos de retraso inició hace unos momentos el conocimiento de la medida de coerción contra los acusados de recibir sobornos de Odebrecht, en la sede de Suprema Corte de Justicia.
El juez Francisco Ortega procedió a llamar a los acusados y les pregunta si tienen sus abogados antes de iniciar el proceso.
Mientras que los abogados alegan que ni ellos ni sus defendidos han sido notificados por la Procuraduría.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva de 18 meses contra diez de las 14 personas que acusa de haber aceptado sobornos de la empresa Odebrecht y que fueron arrestadas ayer por una orden de la Suprema Corte de Justicia.
La Procuraduría pidió prisión contra quince personas y solo ejecutó diez detenciones porque tres son legisladores y están amparados por la inmunidad parlamentaria, uno reside actualmente en Panamá y de otro se aclaró posteriormente que fue incluido por un error procesal, ya que aunque está siendo investigado todavía no se requiere su detención.
Entre los imputados hay tres miembros del Comité Político y el Tesorero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el presidente del opositor Partido Revolucionario Monderno (PRM).
Los detenidos son Juan Temístoclés Montás, del Comité Político del PLD y Ministro de Industria y Comercio; Víctor Díaz Rúa, tesorero del PLD y exministro de Obras Públicas; Radhamés Segura, del Comité Político del PLD y exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); Andrés Bautista, presidente del PRM y expresidente del Senado; César Sánchez, exvicepresidente de la CDEEE; Ángel Rondón, empresario y representante comercial de Odebrecht en el país; Conrado Pittaluga, quien fungió como abogado de la empresa; Roberto Rodríguez, exsenador y exdirector del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (Indrhi); Máximo D’Óleo, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica, y Ruddy González, exvocero de los diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
También hay orden de prisión contra a Bernardo Castellanos, quien reside en Panamá y por tal motivo se emitió una orden de captura internacional a la Interpol.
También se emitió la orden de prisión contra Rafael Suero Milano, pero la Procuraduría explicó que se trató de un error procesal, ya que está siendo investigado pero no ha sido necesario requerir su apresamiento.
También hay orden de prisión contra los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán y el diputado Alfredo Pacheco, pero la misma no se ejecutó porque los tres disfrutan de inmunidad parlamentaria.
Para estos ser arrestados sus respectivas cámaras deben aprobar quitarles la inmunidad.
