La República Dominicana padece un flagelo causado por ilícitos cibernéticos, los cuales han sido traumáticos para el desenvolvimiento económico y social. Pero parece que, ¡por fin!, las autoridades han decidido poner freno a esta agravada situación.
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) en la necesidad de afrontar un mal que tiene mil formas de atacar a sus víctimas, y que, aunque es global, provoca también daños profundos, tangibles e intangibles, a la economía, a las finanzas, a las buenas prácticas sociales, a la sana convivencia, la certidumbre social y el bienestar del pueblo dominicano.
Nos referimos a la ciberdelincuencia, un “monstruo de mil cabezas” que azota a la humanidad.
La lucha contra este problema ha sido planteada en múltiples ocasiones y de diferentes maneras.
Pero es ahora cuando se ha bosquejado un plan integral multiinstitucional que dará cara al problema.
Las autoridades se centrarán, si no a la erradicación de este mal, a por lo menos lograr que este sea lo menos dañino posible.
Según anunció el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), doctor Guido Gómez Mazara, esa institución ha decidido, a partir de este año 2026, encarar la cuestión.
Gómez Mazara informó que el regulador tiene la facultad legal, recursos y la plena disposición para ejecutar de inmediato, “junto a otras entidades del Estado, una estrategia nacional orientada a enfrentar el chantaje, la extorsión digital y la difusión de noticias falsas en medios digitales y redes sociales”.
Con esta estrategia las autoridades del Indotel se comprometen a aplicar medidas legales, tecnológicas y educativas, entre otras acciones persecutoras de estos ilícitos.
Coste de ciberdelincuencia
Los informes recientes prevén que “el coste de la ciberdelincuencia aumente de 8,44 billones de dólares en 2022 a 23,82 billones de dólares en 2027”. “Este aumento representa un incremento del 284% en el coste de la ciberdelincuencia durante los próximos cinco años”, subrayan.
Se calcula que las empresas de ciberseguridad registraron en el 2022, ingresos de 156 mil 300 millones de dólares, recursos que invierten las industrias, empresas, bancos, financieras y gobiernos del mundo para proteger sus sistemas de seguridad en las redes.
La Global Segurity Mag, que se identifica como “la revista de la seguridad lógica”, señala que solo en el 2018, “Statista (Estadista) estimó los costos relacionados con la ciberdelincuencia en 860 mil millones de dólares a nivel mundial”.
“Sin embargo, con más herramientas disponibles para los estándares, el costo de la ciberdelincuencia se ha multiplicado casi por diez desde entonces, y a medida que los ciberdelincuentes se vuelven más avanzados, se prevé que los daños causados por la ciberdelincuencia sigan aumentando”.
La publicación establece que “el segmento más grande del mercado son los servicios de seguridad con un volumen de mercado proyectado de US84.96 mil millones en 2022”.
Esas cifras dicen por sí solas la magnitud de la ciberdelincuencia global y el coste de inversiones en sistemas de ciberseguridad. Cinco años atrás, el 59% de las víctimas de ciberdelito se encontraban en Estados Unidos, según un informe de Delitos en Internet emitido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Aumenta 333% estafas cibernéticas
Refiere que “la vulneración de los correos electrónicos empresariales representó la principal forma de ciberdelito”. Asimismo, aumentaron en 333% las denuncias por estafas de inversión, el fraude romántico, la filtración de datos personales y las estafas inmobiliarias o de alquiler. Solo en la vulneración de correos electrónicos empresariales “completaron la lista de las cinco formas más costosas de ciberdelito”.
También están la vulneración de correos electrónicos empresariales, inversión, fraude de confianza/romance, filtración de datos personales y los fraudes inmobiliarios.
Indotel advierte daños
Consciente de los daños que el ciberdelito causa en el país, el Gobierno, a través del Indotel anunció la puesta en operación de “una estrategia nacional orientada a enfrentar el chantaje, la extorsión digital y la difusión de noticias falsas en medios digitales y redes sociales”.
La iniciativa abarcará “la educación y concientización de la ciudadanía, así como el fortalecimiento y la actualización del marco legal, a fin de que este contribuya de manera firme, coordinada y eficaz al combate de los delitos digitales en República Dominicana”.
Crecen los ilícitos en las redes
Las medidas a adoptar “surgen en un contexto de crecimiento preocupante de prácticas ilícitas que afectan la seguridad, la reputación y los derechos fundamentales de las personas e instituciones”.
Plantea como necesidades el conocimiento de la ley, la concientización y la educación, las cuales deben convertirse en herramientas esenciales para “proteger a la nación frente a este flagelo”. Convoca igualmente a realizar alianzas estratégicas con instituciones que son determinantes en la persecución y erradicación de la extorsión digital.
En una primera etapa la campaña integrará instituciones como el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) la Policía Nacional y el Ministerio Público, entre otras.
Preocupación de autoridades
Preocupa a las autoridades el hecho de que se haya registrado “la mayor cantidad de víctimas de fraude digital en el continente americano durante el segundo semestre del 2024. La situación, de acuerdo con el Indotel, exige “una respuesta contundente y responsable por parte del Estado”.
El propio Gómez Mazara, presidente del Indotel, había advertido sobre el peligroso crecimiento del ciberdelito y lo dañino que resulta para el país. .
En su comunicado, el Indotel enfatizó la necesidad de enfrentar con rigor y determinación lo que denominó el “negocio de la extorsión” que se registra en el país. En ese sentido, destaca que “la ciberdelincuencia recurre cada vez a mecanismos más sofisticados, como el uso de imágenes manipuladas y herramientas de inteligencia artificial”.
Por tanto, saludamos la aplicación de esta estrategia contra el ciberdelito. Y aprovechamos para, con toda humildad, sugerir al gobierno y a las autoridades del Indotel, adoptar medidas adicionales, si ya no están contempladas en su campaña:
1) Que esta operación del Indotel se sustente en la realización de estudios sobre daños económicos y sociales que causa el ciberdelito en el país. Afianzar sólidas alianzas con instituciones nacionales y extranjeras, con miras a entablar campañas dirigidas a erradicar o reducir a su mínima expresión, el accionar de los llamados “chiperos”, el acoso, la difamación digital y el chantaje que usan los ciberdelincuentes para el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero de dudosa procedencia.
2) Gestionar la cooperación de distintos países, a través de las legaciones diplomáticas de países, especialmente Estados Unidos, España, Reino Unido, Unión Europea, México, Colombia, Brasil y Portugal, a los fines de obtener e intercambiar informaciones críticas que permitan la captura de los ciberdelincuentes.
3) Divulgar mediante campañas mediáticas el contenido de la ley 53-07, principal herramienta en la lucha contra el ciberdelito en la Republica Dominicana. Actualmente, este texto protege sistemas informáticos y sanciona delitos como “intercepción ilegal de datos, robo de identidad y falsificación de documentos digitales”.
4) Diligenciar apoyo de organismos internacionales, como serían la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Cibernético (UNODC), Regulatel y otras instituciones globales y regionales que poseen herramientas legales y tecnológicas para luchar contra la extorsión digital, estafas, robo de identidad y ransomware.
5) Realizar, en el marco de la campaña anti-delito cibernético, un programa de conferencias magistrales, talleres, cursos, media tours y otras actividades, con miras a impulsar el debate y crear conciencia jurídica y tecnológica sobre los daños que causa el cibercrímen en el país y a nivel mundial.
6) Gestionar apoyo académico y tecnológico para disertaciones en la UIT, ONU, Regulatel, asociaciones de operadoras de telecomunicaciones de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Colombia y de empresas como el Hub del Caribe que funciona en el país.
*El autor es periodista.
