Elizabeth Muñoz Marte y Joel Díaz el día de su casamiento.
Santo Domingo.- La muerte de un matrimonio que, por una supuesta confusión, fue tiroteado el martes por agentes de la Policía Nacional dominicana cuando circulaba en su vehículo por el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal (sureste), está generando una fuerte indignación en el país.
Las víctimas regresaban a su casa en Santo Domingo tras haber asistido a un culto evangélico en Bonao, provincia Monseñor Nouel, al norte de la capital, cuando varios policías, aparentemente, confundieron el auto en el que se desplazaban con el de unos presuntos delincuentes.
El propio presidente dominicano, Luis Abinader, condenó en rueda de prensa el hecho, señalando que “cuesta describir con palabras lo que uno siente” ante este suceso, y afirmó que no va a tolerar “de ninguna manera que alguien esté por encima de la ley».
Asimismo, afirmó que ha instruido al Ministerio de Interior y Policía para que proceda a la destitución de los agentes responsables y sean enviados ante la Justicia.
Hasta el momento, varios agentes han sido suspendidos por el tiroteo, en el que perdieron la vida los esposos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz y en el que resultó herido un tercer ocupante del vehículo.
El Ministerio Público solicitará en las próximas horas un año de prisión preventiva contra seis policías acusados de asesinar a la pareja y en el que una persona también resultó herida.
La fiscal titular de Villa Altagracia, Fátima Sánchez, informó en un documento que el Ministerio Público hace el levantamiento de las evidencias para proceder a solicitar al Juzgado de la Instrucción la medida de coerción contra los imputados y que el proceso sea declarado complejo.
Los imputados son el segundo teniente Victorino Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, y los rasos Antonio Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís.
El director de la Policía Nacional, Edward Sánchez, lamentó “profundamente” lo ocurrido y prometió una investigación “transparente” a cargo del Ministerio Público “para que la verdad sea la que predomine”, dijo en declaraciones a la prensa.
El vehículo tiroteado, que quedó estacionado en la calle, ha sido objeto de infinidad de fotografías y videos tomados por ciudadanos, que permiten contar más de 20 impactos de bala por ambos lados.
Las redes sociales se han llenado de mensajes de condena de lo sucedido y cuestionado la actuación policial, tanto por parte de ciudadanos de a pie como de personalidades de distintos ámbitos.
La exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño condenó el ataque mediante un tuit- “No hay confusión alguna que nos permita entender la muerte de Elizabeth y Joel. Es un hecho que nos hiere en lo más profundo del corazón. ¡Qué Dios los reciba en su Santo seno y otorgue paz a sus familiares!».
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) repudió “la acción” en la que “de manera brutal y despiadada” los agentes le quitaron la vida a la pareja, perteneciente a esa comunidad religiosa, y señaló que los involucrados “deben ser sometidos a la acción de la Justicia».
Este suceso se produjo solo unas horas después de que Estados Unidos hiciera público su informe anual sobre los derechos humanos, en el que denuncia que en la República Dominicana se producen asesinatos y torturas por parte de las fuerzas de seguridad.
El documento del Gobierno estadounidense señala que en el país caribeño persisten denuncias sobre tortura por parte de la Policía Nacional, “problemas graves” con la independencia del Poder Judicial, difamación penal de periodistas y “corrupción grave” en el Gobierno.
A ese informe se refirió la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) en un comunicado en el que califica como “ejecución” la muerte de la pareja a manos de la patrulla policial y solicita que el director de la Policía Nacional dimita del cargo.
El suceso “corrobora el informe” de EE.UU. “sobre abusos policiales” y pone en evidencia, junto a otros hechos como la ejecución de un coronel de la Fuerza Aérea el pasado diciembre, “una gestión ineficiente” de Edward Sánchez al frente del cuerpo.
