Nueva Delhi.- La India implementará una nueva orden que obliga a los fabricantes e importadores de teléfonos móviles a preinstalar una aplicación gubernamental en todos los nuevos dispositivos destinados al mercado nacional, una medida que la oposición denuncia como una vulneración de derechos fundamentales.
La directiva, fechada el 28 de noviembre, obligará a los fabricantes a que la aplicación esté preinstalada, visible y operativa desde la primera configuración del dispositivo, y les prohíbe limitar o desactivar sus funciones, según un comunicado del Ministerio de Comunicaciones.
La aplicación permitirá comprobar si un teléfono es auténtico mediante su número IMEI, denunciar dispositivos perdidos o robados y bloquearlos, consultar cuántas líneas están registradas a nombre de un usuario y reportar llamadas sospechosas, intentos de fraude y enlaces maliciosos.
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Los plazos para poner en marcha la medida
El Gobierno estableció un plazo de 90 días para que la medida quede plenamente implementada y de 120 días para que las empresas presenten un informe de cumplimiento. Además, afirma que los fabricantes «deberán procurar» distribuir la aplicación mediante actualizaciones de software en los teléfonos ya fabricados y presentes en los canales de venta.
El ministro de Comunicaciones, Jyotiraditya Scindia, aclaró este martes que la restricción impuesta a los fabricantes, que les prohíbe desactivar las funciones de la aplicación en la instalación de fábrica, no implica que los usuarios no puedan desinstalarla.
«Se trata de un sistema completamente voluntario y democrático: los usuarios pueden activarlo si lo desean o, si no, eliminar la apliación de su teléfono en cualquier momento», dijo en su cuenta de X el ministro indio, como respuesta a las críticas del alcance de la medida.
La oposición lo tilda de inconstitucional
La orden busca, según recoge la nota del Gobierno indio, «salvaguardar a los ciudadanos de la compra de dispositivos no genuinos» y permitir una «comunicación sencilla de usos indebidos de los recursos de telecomunicaciones».
La oposición, liderada por el Partido del Congreso, tildó la medida de «inconstitucional» y exigió su retirada inmediata. Su secretario general, K. C. Venugopal, afirmó que una aplicación gubernamental es «una herramienta distópica para vigilar a cada ciudadano».
La aplicación desarrollada por el propio Gobierno, está concebida como una herramienta «centrada en el ciudadano», pensada para «empoderar a los suscriptores móviles, reforzar su seguridad y aumentar la conciencia sobre las iniciativas del Gobierno dirigidas al usuario», según declara su portal oficial.
Fuente: EFE
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