República Dominicana, sin temor a equívocos, es uno de los países más prolíferos del mundo en cuanto a la existencia de leyes que regulan todas las actividades, incluso algunas ya con muy escasa trascendencia.

Se puede decir que compilamos un elevadísimo promedio, pero me llama la atención la ley 64-87, que prohibe el empeño de utilería deportiva por parte de las compraventas, negocios en su mayoría ubicados en los sectores económicamente más vulnerables.

Tras el robo de útiles deportivos que se registra desde hace un buen tiempo en las academias de béisbol de las organizaciones de Grandes Ligas, el colega Nathanael Pérez Neró reseñó esta misma semana que el destino final son las compraventas, cuyos propietarios aseguran que desconocen la existencia de esa ley.

Eso demuestra que no ha habido ni existe ningún tipo de supervisión en la aplicación de esa legislación, situación que lamentablemente afecta al desarrollo físico y mental de miles de niños y jóvenes que practican algún deporte.
Y me duele que esta práctica continúe, porque fue por una serie de reportajes y artículos que publiqué en “Listín Diario” que la Cámara de Diputados se animó a aprobar esa ley.

Incluso, en uno de los considerandos se citan esos reportajes con nombres y apellidos, como el soporte fundamental.
En ese entonces, más de 70% de la utilería que suplían diferentes instituciones del Estado estaba empeñada por cheles, mientras miles de niños estaban huérfanos de ella.

Esa Ley 64-87, hoy más que nunca, debe ser aplicada con todo el rigor, porque no es posible que a estas alturas continúe una práctica que debió ser erradicada, porque va en perjuicio de miles de compatriotas, en especial jóvenes y niños.