INABIE bajo escrutinio: denuncias, irregularidades y respuestas pendientes

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) se encuentra bajo el foco de atención tras la detección de presuntas irregularidades en los procesos de licitación pública relacionados con la adquisición de utilería escolar.

Según reportes oficiales, las observaciones apuntan a posibles prácticas anticompetitivas, fallos en la evaluación de las ofertas y adjudicaciones a empresas que no cumplían con los requisitos establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

INABIE solicitó la intervención de autoridades reguladoras

Pese al escándalo, el INABIE informó que fue la entidad que solicitó la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y del Consejo Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), con el objetivo de garantizar transparencia, legalidad y libre competencia en el proceso de adjudicación.

En respuesta, la DGCP recomendó a la Contraloría General de la República abstenerse de registrar o aprobar pagos vinculados a unos 150 contratos suscritos por el INABIE.

La decisión de la DGCP se basa en hallazgos preliminares que apuntan a posibles irregularidades en los procedimientos de licitación pública nacional identificados con los números INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012.

Los contratos en cuestión están vinculados al proceso de adquisición de utilería escolar, una parte esencial del programa de apoyo a estudiantes de escuelas públicas en todo el país.

Entre ellos se incluyen prácticas anticompetitivas como colusión entre empresas, conflictos de interés, inconsistencias en los domicilios de oferentes y adjudicación de contratos a empresas sin el rubro correspondiente en su Registro de Proveedor del Estado (RPE).

La DGCP explicó que estas acciones buscan evitar la ejecución de pagos que comprometan fondos públicos en contratos presuntamente viciados. Mientras se analiza la legalidad de los procesos, los contratos observados permanecerán suspendidos.

Hasta la fecha, sólo 12 proveedores adjudicados han ejercido su derecho a defensa, a pesar de que todos fueron notificados entre el 24 de abril y el 27 de mayo para justificar la legalidad de sus adjudicaciones.

Plazos y proceso de investigación

Según la normativa vigente, la DGCP cuenta con 30 días hábiles para emitir los resultados preliminares de su investigación. Posteriormente, notificará al INABIE, a los funcionarios involucrados y a las empresas señaladas, quienes podrán presentar sus argumentos finales.

Además, la Unidad Antifraude de la Contraloría colabora en una investigación especial que incluye entrevistas con peritos, funcionarios del INABIE y revisión cruzada del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.

Este caso ha reavivado el debate sobre la gestión ética y eficiente del gasto público, especialmente en sectores tan sensibles como la educación. Las autoridades buscan establecer responsabilidades tanto individuales como estructurales en los procedimientos observados.

Historial de escándalos

Desde su creación, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) ha estado envuelto en diversos escándalos relacionados con la gestión de servicios escolares, incluyendo intoxicaciones alimentarias, retrasos en pagos a suplidores y procesos de licitación cuestionados.

En septiembre de 2022, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) detectó un esquema de colusión entre 42 empresas que participaban en las licitaciones del INABIE.

La investigación reveló que estas compañías compartían direcciones, números de teléfono, correos electrónicos y otros elementos coincidentes, lo que evidenció una simulación de competencia.
Como consecuencia, fueron expulsadas del proceso de licitación, marcando un precedente importante en la lucha contra prácticas anticompetitivas en el sistema de compras públicas.

En noviembre de 2021, el INABIE enfrentó otra grave crisis tras una investigación que identificó irregularidades en los procesos de licitación del almuerzo y desayuno escolar.
El caso culminó con la destitución de cinco altos funcionarios, incluyendo el director del Gabinete y los encargados de áreas estratégicas como Jurídica, Alimentación, Administración y Tecnología.