Santo Domingo.- Los generales, coroneles y otros oficiales enviados a juicio por los casos Coral y Coral 5G perderían los derechos adquiridos en las instituciones a las que pertenecen si son hallados culpables de los cargos que se les imputan.

Según establece el artículo 164 de la Ley 139-13 Orgánica de las Fuerzas Armadas, una condena definitiva invalida a sus miembros para obtener una pensión en las Fuerzas Armadas y otros beneficios.

Es decir, en el caso de ser declarados culpables en última instancia los oficiales y otros miembros implicados en el escándalo de corrupción serán excluidos de las nóminas de sus instituciones militares y perderían el derecho a una pensión que oscilara entre los RD$175,000.00 y RD$250,000.00, de acuerdo a las posiciones que ocuparon durante la pasada gestión.

En los casos de miembros de las Fuerzas Armadas sometidos a la justicia ordinaria, el Código de Justicia Militar permite a las instituciones castrenses retener sus salarios hasta que un tribunal emita una sentencia irrevocable.

El mayor general Adán Cáceres Silvestre, los generales Juan Carlos Torres Robiou, Boanerges Reyes Batista y Julio Camilo de los Santos Viola, así como los coroneles Rafael Núñez de Aza, Carlos Augusto Antigua, Miguel Ventura Pichardo y Franklin Antonio Mata Flores, fueron suspendidos de sus respectivas instituciones tras ser acusados por el Ministerio Público de cometer irregularidades en tres instituciones para sustraer más de 4,500 millones de pesos.

En el expediente son imputados, además, la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez; su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

Decisión

El pasado lunes la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, emitió un auto de apertura a juicio contra los imputados en la supuesta red de corrupción administrativa, tras acoger la solicitud que previamente había hecho el Ministerio Público.

El tribunal acogió en su totalidad la calificación jurídica y el 99,99 por ciento de las pruebas presentadas por el Ministerio Público. La lectura íntegra de la decisión de la jueza Rivas se realizará el próximo 21 de agosto, a las 10:00 de la mañana.

En total, el Ministerio Público presentó cargos contra 48 personas (30 personas físicas y 18 personas jurídicas), quienes son procesadas por presuntamente defraudar al Estado dominicano.

— Ministerio Público
Según el Ministerio Público, a través de maniobras fraudulentas, los imputados y empresas incurrieron en lavado de activos y otros crímenes, incrementando exorbitante sus patrimonios.