Santo Domingo. – Uno de los gerentes del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, imputados en el caso Onco14 por la presunta sustracción de millones de pesos de la institución para beneficio personal, busca su libertad a través de un recurso de apelación contra la prisión preventiva impuesta por una jueza de Santiago.
Se trata de Luisa Yasiris Guzmán, imputada en el caso Onco14, actual esposa de Héctor Antonio Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, quien solicita que le sea variada la prisión preventiva por otra medida de coerción menos gravosa.
Los jueces de la Corte de Apelación de Santiago conocerán este miércoles, a las 9:00 de la mañana, el recurso de apelación presentado por la imputada en el caso Onco14.
Mientras que Héctor Antonio Lora Cruceta, también imputado en el caso Onco14, presidente y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), quien cumple prisión preventiva en el Centro Correccional y de Rehabilitación Rafey, en Santiago, no ha apelado la medida de coerción.
Tampoco ha apelado la medida Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal imputado, quien cumple arresto domiciliario por el caso.
Audiencia de la medida de coerción
El pasado 29 de junio, la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, Stefani Santiago, dictó 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, presidente y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), y Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, por su implicación en el caso Onco14.
Asimismo, la magistrada impuso arresto domiciliario a Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal imputado.
Los imputados en el caso Onco14 enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología mediante acceso ilícito a sistemas y códigos de acceso, así como lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
Imputaciones contra los involucrados
Entre las presuntas acciones ilícitas atribuidas a los imputados en el caso Onco14, el Ministerio Público establece que utilizaron recursos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para obtener fondos destinados originalmente a pacientes de escasos recursos afectados por cáncer, según la solicitud de medida de coerción.
La investigación sostiene que el principal imputado transfirió el control de la facturación de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a la empresa Vargas Guzmán Accounting Center, propiedad de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, con el presunto propósito de desviar fondos del Patronato.
Asimismo, señala que crearon un departamento destinado a modificar indicaciones médicas y generar facturas fraudulentas en perjuicio de SeNaSa y sus afiliados.
La instancia también indica que utilizaron sellos médicos y talonarios presellados para emitir órdenes de estudios a nombre de especialistas que nunca evaluaron a los pacientes.
De acuerdo con la investigación, Héctor Antonio Lora Cruceta prohibió la entrega gratuita de medicamentos donados a pacientes, bajo amenaza de despido al personal que incumpliera la disposición, con el objetivo de comercializar esos fármacos, incluidos medicamentos de alto costo utilizados en tratamientos de quimioterapia.
El expediente también establece que se realizaba una doble facturación de medicamentos, cobrando dos veces por un mismo producto.
El Ministerio Público establece en el expediente que el principal imputado ordenó administrar dosis incompletas de medicamentos oncológicos mientras se facturaban dosis completas a SeNaSa. También se habría facturado el suministro de medicamentos biológicos originales cuando, en realidad, se entregaban versiones genéricas de menor costo para obtener beneficios económicos indebidos.
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