Todo sube de precio cada día, menos la impunidad, que baja en picada a dos por chele.
Cometa usted la vagabundería que más le guste y no se preocupe por el castigo que establezca la ley, pues eso lo arreglamos fácilmente: sólo hay que tener un buen enllave en el Gobierno, o dos pesos en el bolsillo para sobornar a cualquier molestoso que se interponga en el camino.
Dicen por ahí que este es el país más legislado del mundo. Tenemos leyes para todo. Parecería que todo está previsto… en el papel. Lo único malo es que, aunque todo está legislado, las leyes no se cumplen. Y no hay autoridad para hacerlas cumplir.
En la Administración Pública los mayores castigos que se aplican a cualquier funcionario o empleado que incurre en una falta consisten en un traslado a otro puesto igual o mejor al anterior.
Un caso increíble, pero cierto, es el de las 88 ONG que desde hace varios años no reportan cómo invierten el dinero público que les da el Estado para supuestos fines altruistas, y no pasa nada.
Como tampoco pasa nada a los funcionarios que deben hacer declaraciones juradas de sus bienes, a la entrada y la salida de sus cargos.
Las cárceles están llenas de delincuentes comunes, pero los delincuentes con enllaves siguen haciendo de las suyas, muertos de la risa.
