Hay momentos en que un país parece entrar en una dinámica en la que los acontecimientos dejan de ser hechos aislados para convertirse en una cadena de episodios que terminan alterando el estado de ánimo colectivo.
En las últimas semanas, esa parece ser la sensación que predomina en la República Dominicana. Se acumulan los temas de debate, las controversias, las rectificaciones y las decisiones revisadas sobre la marcha, hasta crear un ambiente de incertidumbre que no contribuye ni a la confianza ciudadana ni a la estabilidad institucional.
En ocasiones resulta difícil explicar cómo se dispara, en tan corto tiempo, la ocurrencia de situaciones que impactan con tanta fuerza a la opinión pública. Un buen amigo suele decir que, cuando eso ocurre, casi siempre hay una ausencia de narrativa.
Yo añadiría que, muchas veces, también hay falta de previsión, escasa capacidad para anticipar los conflictos o, simplemente, torpezas que terminan magnificando problemas que pudieron evitarse.
Es cierto que el ambiente político también está particularmente cargado. El activismo partidario se ha intensificado en los últimos meses. Pero eso, para bien o para mal, forma parte de nuestra cultura política.
Apenas concluyen unas elecciones, comienzan a perfilarse las siguientes. Los aspirantes se ponen. Lo que ya no forma parte de esa normalidad son los episodios que estamos viendo desarrollarse uno tras otro.
Tomemos como ejemplo el Código Penal. Durante más de dos décadas dio vueltas entre una y otra legislatura. Se discutió, se modificó, volvió a comisiones y regresó al pleno en innumerables ocasiones. Finalmente fue aprobado y, precisamente para permitir ajustes, se estableció un período de vacatio legis de un año antes de su entrada en vigencia.
Sin embargo, cuando faltan apenas días para que ese plazo concluya, pareciera que se desatan todos los demonios. De repente aparecen objeciones, cuestionamientos y reclamos de reformas urgentes.
Lo llamativo es que durante prácticamente todo ese año, tiempo concebido precisamente para evaluar el contenido de la ley y proponer cambios, casi nadie levantó la voz con la intensidad que hoy observamos.
La sorpresa aumenta cuando es el propio Poder Ejecutivo el que ahora plantea modificaciones. Resulta difícil de entender que un proyecto que pasó por sus manos tras ser aprobado por el Congreso no despertara entonces las mismas preocupaciones que hoy se exponen públicamente.
Más llamativo aún es que quien fungía como consultor jurídico del Poder Ejecutivo durante ese proceso, hoy convertido en ministro de Justicia, anuncie que impulsará reformas que nunca fueron promovidas mientras tenía la responsabilidad de revisar el texto antes de su promulgación. Son situaciones que inevitablemente generan interrogantes en la ciudadanía.
Algo parecido ocurre con el Código de Trabajo. Después de más de tres años de diálogo tripartito entre empresarios, trabajadores y Gobierno, muchos entendían que se había alcanzado un consenso suficientemente sólido para remitir el proyecto al Congreso Nacional. Sin embargo, ahora todo parece volver al punto de partida. A recomendación del propio presidente de la República, será necesario reabrir las negociaciones.
Y como si todo eso fuera poco, hace apenas unas semanas el país parecía comprender la necesidad de un paquete de medidas fiscales presentado por el Gobierno como respuesta a una compleja coyuntura internacional.
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