El presupuesto nacional es una de las herramientas financieras más importantes con que cuenta el Estado dominicano, por cuanto en él se expresan en cifras las expectativas de ingresos y gastos del Gobierno para el periodo señalado. Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, tal cual sucedió el pasado miércoles 23, dicho proyecto será enviado al Congreso, el cual deberá aprobar o no el mismo.
Pero las simples cifras anunciadas de que el presupuesto 2016 ascenderá a RD$663,558 millones, unos RD$17,000 millones más que el actual bajo ejecución, o el que el mismo contempla partidas adicionales para la Junta Central Electoral y otras entidades, es prácticamente irrelevante frente a otras implicaciones mucho más importantes.
En primer lugar nos dice que en principio la actual estructura de gastos se mantendrá y que no habrá reducción en sectores agigantados del Estado, ni reingeniería en las diversas instituciones que ejercen una misma actividad o propósito, ni tampoco se impondrá la eficiencia en nóminas abultadas, ni una mayor eficacia en los gastos, todos principios que sabemos suscribe el actual Mandatario.
También nos afirma que durante el próximo año no se contempla implementar reforma fiscal alguna, ya que parecería que las diversas fuentes de ingresos se mantendrán intactas. Este hecho implica que para sostener el nivel de gastos deseado habrá que incurrir en nuevos endeudamientos, que algunos expertos estiman serán sobre los US$3,500 millones.
Aun cuando un presupuesto sin variaciones fundamentales es una buena noticia para los políticos en reelección, esta es una mala señal para la economía, por cuanto todos, incluyendo los funcionarios públicos sensatos en libertad de expresar sus opiniones, están de acuerdo en que hay que producir importantes reformas en el gasto público que den mérito a una reforma capaz de aumentar la presión tributaria, que a su vez le dé sostenibilidad a la estabilidad macroeconómica.
