Implicados en Pulpo, Coral y Coral 5G tienen condenas; otros procesos siguen en distintas fases judiciales

Varios procesos judiciales relacionados con los principales escándalos de corrupción administrativa en República Dominicana, que involucran a exfuncionarios de los gobiernos del expresidente Danilo Medina y de la actual administración, continúan su curso en los tribunales del Distrito Nacional.

De estos expedientes, los implicados en los casos Pulpo, Coral y Coral 5G ya han recibido condenas, mientras que otros permanecen en diferentes etapas judiciales.

Condenas en los casos Coral y Coral 5G

Los implicados en la red de corrupción desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G fueron condenados la madrugada de este martes por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Las magistradas impusieron penas de entre 10, 15 y 20 años de prisión a 29 acusados. Entre los condenados a 20 años figuran los generales Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, así como el coronel Rafael Núñez de Aza, hallados culpables de corrupción administrativa.

La sentencia íntegra será notificada el próximo 14 de agosto a través de la secretaría del tribunal. A partir de esa fecha, las partes dispondrán de un plazo de 20 días hábiles para presentar recursos de apelación. Mientras la decisión no adquiera carácter definitivo, los condenados permanecerán en libertad.

Caso Pulpo: condenados apela sentencia

En el caso Pulpo, encabezado por Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, varios condenados apelaron la sentencia emitida en su contra. Los recursos serán conocidos por los jueces de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Entre los apelantes se encuentran Juan Alexis Medina Sánchez, condenado a siete años de prisión, y José Dolores Santana Carmona, sentenciado a seis años.

Asimismo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, Carlos José Alarcón Veras y Francisco Ramón Brea Morel fueron condenados a cinco años de prisión cada uno por su vinculación con la estructura de corrupción del caso Pulpo.

¿En qué fase se encuentran los demás casos de corrupción?

Además de los expedientes Coral, Coral 5G y Pulpo, otros procesos judiciales de alto perfil continúan avanzando en los tribunales. Entre ellos figuran los casos Medusa, Calamar, Camaleón, Cobra y Onco14.

El caso Medusa tiene como principal acusado al exprocurador general Jean Alain Rodríguez; Calamar involucra al exministro Donald Guerrero; Camaleón está relacionado con el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez); Cobra tiene como principal imputado al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim Albainy; mientras que Onco14 involucra al expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Héctor Antonio Lora Cruceta, junto a familiares y allegados.

Caso Medusa

El exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros acusados del caso Medusa enfrentan juicio de fondo por un presunto desfalco superior a RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano, ocurrido entre 2016 y 2020.

El proceso se conoce ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Las juezas se reservaron para el próximo 6 de julio la decisión sobre varios incidentes presentados por las defensas, luego de audiencias celebradas desde el 16 de febrero hasta el 15 de junio.

La presentación de estos incidentes ha impedido que el Ministerio Público inicie la lectura formal de la acusación contra los imputados.

Caso Calamar

Los exministros Donald Guerrero y Ángel Lockward, junto a otros acusados en el caso Calamar, fueron enviados a juicio de fondo tras ser señalados de participar en un esquema de expropiaciones fraudulentas mediante el cual se habrían sustraído más de RD$19 mil millones del Estado.

La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, también ordenó apertura a juicio contra Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán, Luis Miguel Piccirilo y la empresa Ángel Lockward & Asociados, S.R.L.

En contraste, fueron favorecidos con auto de no ha lugar Daniel Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Marcial Reyes, Rosa Arias Luis y William Humberto Mota, al considerar el tribunal que no existían pruebas suficientes en su contra.

Tras la apertura a juicio, el expediente deberá ser remitido a la Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional para la designación del tribunal colegiado que conocerá el proceso a los de sustraer al Estado más de 19 mil millones de pesos de los contribuyentes, en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.

Caso Camaleón

La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió a juicio de fondo a
El exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez, y otros implicados en el caso Camaleón fueron enviados a juicio de fondo por la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Los acusados son señalados por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

También fueron enviados a juicio Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

Asimismo, enfrentarán juicio las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.

El expediente será remitido a la Cámara Penal del Distrito Nacional para la designación del tribunal colegiado que conocerá el juicio de fondo a los acusados de corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos. Estas irregularidades se desarrollaron principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.

Caso Cobra

Los implicados en el caso Cobra, relacionado con un presunto desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), cumplen actualmente medidas de coerción impuestas por un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Entre los imputados que guardan prisión figuran Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exgerente jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Salud; y Rafael Luis Martínez Hazim, fundador de MyCare y sobrino de Hazim, entre otros implicados.

A los implicados en el caso Cobra se les imputan los delitos de desfalco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, corrupción administrativa, lavado de activos, prevaricación, entre otras infracciones penales.

Caso Onco14

Tres personas fueron sometidas a la justicia en el marco del caso Onco14, acusadas de integrar una estructura que habría sustraído millones de pesos mediante diversas modalidades fraudulentas en perjuicio de pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del acusado.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva como medida de coerción contra los tres imputados.

Según el expediente, se les atribuyen los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología incluyendo acceso ilícito y uso indebido de códigos de acceso y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.