Santo Domingo.- Siete de los 20 implicados en la Operación Calamar se han declarado culpables y se han puesto a disposición del Ministerio Público para colaborar con la investigación del caso, a quienes ya el órgano persecutor les ha variado la petición de prisión preventiva como medida de coerción, por otra menos gravosa.
En este último receso de 15 minutos, el abogado querellante Francisco García afirmó que tanto en su defensa material con técnica Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernánde y Oscar Chalas Guerrero han reconocido su participación en el entramado de corrupción y se han comprometido con el MP para cooperar con su testimonio.
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De modo que, según el abogado Francisco García, a estos implicados no se les impondrá «por lo que se ve prisión preventiva como medida de coerción, sino otro medida menos gravosa«, como presentación periódica, garantía económica y arresto domiciliario puesto que no entorpecerán el proceso.
El jurista señaló además, que se espera que más imputados se declaren culpables y contribuyan con el órgano fiscalizador.
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Este viernes la jueza Kenya Romero de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce la medida de coerción, a los imputados en el caso de corrupción Calamar.
Exministros implicados
Entre los implicados en el caso se encuentran el exministro de Hacienda Donald Guerrero, exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo.
Además están el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.