Los implicados en el entramado de corrupción del caso Camaleón, que operó dentro del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), adquirieron diversas propiedades de lujo y transfirieron millones de pesos de los recursos sustraídos de la institución para su beneficio personal.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, figuran como principales imputados el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y José Ángel Gómez, propietario de la empresa Aurix, además de otras personas y compañías utilizadas para cometer las irregularidades.
El órgano acusador solicita el decomiso de los bienes obtenidos por los imputados con los recursos desviados mediante los actos de corrupción cometidos en el Intrant.
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También están vinculados en la acusación Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.
A la lista de acusados se suman, además, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las empresas involucradas en el caso son Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Papel de la empresa Inprosol
En la acusación se indica que la empresa Inprosol carecía de actividad económica real, estructura operativa y personal laboral. A pesar de ello, declaró montos mínimos en impuestos, sin correspondencia con los altos volúmenes financieros que manejaba.
La compañía reportó compras por RD$7,882,304.98 y ventas por RD$5,834,000.00, siendo el 49.24 % de estas últimas realizadas a empresas vinculadas al esquema criminal, específicamente Transcore Latam S.R.L.
El documento del Ministerio Público establece que Inprosol dependía directamente de Transcore, sin evidenciar clientes adicionales ni actividad comercial independiente, configurando una relación societaria instrumental orientada al desvío y lavado de fondos públicos.
De igual forma, un análisis financiero practicado a una cuenta abierta el 8 de septiembre de 2022 determinó que la empresa movilizó RD$28,268,425.96 en entradas y RD$28,169,246.99 en salidas, mostrando un comportamiento circular y sin acumulación patrimonial, típico de las operaciones de blanqueo de capitales.
El 99.57 % de las entradas provenía directamente de Transcore Latam S.R.L., mientras que el 0.43 % restante correspondía a transferencias menores de Sociedad Latina S.R.L. y de los imputados Carlos José Peguero Vargas y Julio César Rodríguez Domínguez, ambos vinculados a José Ángel Gómez (Jochi Gómez).
En el expediente, el Ministerio Público señala que, mediante mensajes de WhatsApp enviados al órgano investigador, Carlos José Peguero Vargas, supuesto socio mayoritario de Inprosol, reconoció que el verdadero propietario y decisor de la empresa era José Ángel Gómez Canaán, quien daba instrucciones sobre pagos, transferencias y operaciones contables.
Asimismo, el propio Jochi Gómez se presentó ante el Ministerio Público como dueño de hecho de Inprosol, confirmando su vinculación funcional y económica con la empresa.
Las evidencias demuestran que Inprosol S.R.L. fue creada con el propósito de servir como intermediaria entre Transcore y otras empresas del entramado, simulando operaciones de servicios tecnológicos para justificar la circulación de fondos ilícitos. Este esquema permitió disimular el origen y destino de los capitales obtenidos mediante fraude en contrataciones públicas dentro del caso Camaleón.Este artículo fue publicado originalmente en El Día
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