La decisión del presidente Abinader de reorientar la relación con Haití enmarcándola en la legalidad causa ronchas a muchos afectados.

Productores agropecuarios, industrias, empleadores de inmigrantes ilegales y otros dolientes emplean argucias o argumentos razonables para criticar o cuestionar el cierre fronterizo y la firmeza del gobierno. ¿Que hay motivaciones políticas? ¡Claro, Watson! Sin embargo, creo prematuro afirmar que esta política no ha surtido efectos, pues la suspensión de la construcción del canal no es el real problema, sino la falta de interlocutores legítimos de buena fe capaces de ejercer su autoridad legal dentro de su territorio.

La exacerbación del odio anti dominicano, las campañas internacionales de descrédito, las falaces acusaciones de racismo o esclavismo, debemos enfrentarlas con acciones más eficaces que hasta ahora.

Empero, no resultan de las decisiones actuales del Gobierno. Pese a todos los allantes haitianos o presiones locales porque ese territorio es un importante comprador de productos criollos, quizás lo mejor del impasse es que podemos aprovechar las críticas, muchas de buena fe, para mejorar las imperfecciones naturales del complejo incordio de tener un pésimo vecino.