Las empresas de apuestas deportivas y de otra naturaleza, como las de loterías, se han expandido en la República Dominicana en forma exponencial en las últimas dos décadas, producto de la falta de control de las autoridades en la regulación del juego.

Este crecimiento incontrolado está dando como consecuencia una proliferación que sin duda afecta a una gran parte de la población, en especial aquella que todavía cree que puede salir de la pobreza mediante el juego en bancas deportivas o de loterías.

Antes de la caída del régimen de Trujillo, aquí sólo funcionaba la Lotería Nacional, propiedad del Estado, y los sorteos sólo se efectuaban los domingos, y cuyo objetivo era ayudar a instituciones de servicio público.

Pero unas décadas después de la caída de la tiranía al país lo han invadido de bancas de todo tipo, la mayoría ilegales, según han denunciado las propias autoridades, que han hecho muy poca cosa o nada para frenar su expansión.

Es una barbaridad que en el país hay más bancas que la suma de clínicas, hospitales, escuelas, colegios y clubes y ligas deportivas.

Los “sabios, que muchos hay aquí, podrían alegar que no se puede “atentar” en contra del libre comercio, pero cuando una actividad socava la calidad de vida de una población, lo justo es detenerla por completo.

Para nadie es un secreto que ese negocio lo operan en su gran mayoría personeros que aportan muchos millones a los partidos políticos, incluso muchos de ellos, electos por esas misma organizaciones en funciones legislativas.
El Estado podría argumentar que las bancas le generan muchos millones, pero en el fondo ese negocio afecta a una mayoría de la población de escasos recursos económicos.