El hecho cierto de que la mayoría de los dominicanos no sepa exactamente quiénes somos, como país, en materia geopolítica, no constituye un problema para rasgarse la vestidura con el propósito de expiar las culpas en ese sentido.
Lo que sí resulta hasta pecaminoso es que las máximas autoridades de República Dominicana no tengan claridad acerca de cómo actuar adecuadamente ante un mundo globalizado, complejo, cambiante y exigente; a juzgar por la adopción de una serie de medidas de corte geopolítico que lucen contradictorias y erradas a los fines de la preservación de los objetivos e intereses nacionales consagrados en la Constitución de la República Dominicana.
Aunque el artículo 3 de nuestra Carta Magna establece que el principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana, la actual gestión gubernamental ha incurrido en violaciones a ese mandato constitucional, en adición a la toma decisiones de carácter internacional que ponen en riesgo el interés nacional.
Una de las medidas más cuestionadas consistió en la oficializada, a finales de noviembre del año pasado, que autoriza a Estados Unidos a utilizar, de manera provisional y con fines logísticos, áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
La excusa era que Estados Unidos utilizaría estas áreas para el transporte de equipos técnicos y reabastecimiento de aeronaves, como parte de la operación Lanza del Sur, mediante la cual busca combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el Caribe. Los estadounidenses terminaron bombardeando a Venezuela y apresando al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. Las autoridades dominicanas podrán llamarle de cualquier otra manera, pero es, sin duda, injerencias en los asuntos venezolanos.
A eso hay que agregarle los pronunciamientos en contra del régimen imperante en Venezuela para entonces.
Otra medida que pareció sin sentido se trató del comunicado del 21 de este mes en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores fija su posición sobre la evolución del entorno internacional en medio del conflicto en el estrecho de Ormuz, destacando la importancia del respeto al derecho internacional y a la libertad de navegación. Las autoridades dominicanas pudieron guardar silencio, sin tomar partida en favor ni en contra de nadie.
Hace tiempo que se habla de la existencia de carencia de un pensamiento geoestratégico en República Dominicana. Lo primero que hay que establecer, como punto de partida, es que nuestro país, conforme a los indicadores de análisis geoestratégicos, no representa un actor geopolítico de importancia a nivel planetario, y afirmar lo contrario, sería un simple ejercicio de pretensión de un poder irreal.
Durante la década de los años 50, más de un lustro después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, John Foster Dulles, entonces secretario de Estado del presidente Dwight D. Eisenhower, proclama que “Estados Unidos no tienen enemigos, sino intereses”.
Estados Unidos, el principal ganador de la referida conflagración mundial, tenía claramente identificados sus intereses imperiales en su propósito de que, una vez surgiera el siguiente orden mundial, como, en efecto se produjo posteriormente con el desmoronamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). De la misma manera deberían pensar las autoridades dominicanas en la actualidad.
Valdría la pena, en el ámbito local, preguntarse: ¿Quiénes somos geopolíticamente en República Dominicana? ¿Identificamos nuestros intereses y objetivos establecidos en la Constitución de la República? Al margen de las respuestas, el país debe manejar con sentido profesional su política exterior, pensando en lo que más nos convenga como nación.
