Será la segunda vez que el oficialismo tratará de convertir en ley el proyecto que regula también los subsidios sociales.
BUENOS AIRES.- El gobierno del presidente Mauricio Macri intenta el lunes que el Congreso apruebe una polémica reforma de las pensiones, resistida por sindicatos y la oposición con una huelga general y marchas en Buenos Aires.
Será la segunda vez que el oficialismo tratará de convertir en ley el proyecto que regula también los subsidios sociales.
Una escandalosa sesión tuvo que ser suspendida el jueves pasado, en el marco de graves enfrentamientos de manifestantes con la policía militarizada, con heridos y detenidos, en torno al edificio del parlamento.
«Vamos a hacer todo lo posible para que no haya quórum», anticipó uno de los líderes de la oposición, el jefe del bloque peronista de centro-izquierda, Agustín Rossi.
El jefe de gabinete, Marcos Peña, respondió a las críticas de las centrales obreras y los opositores al afirmar que la reforma «es una buena ley» y exhortó «a las fuerzas políticas a manifestarse en contra de la violencia política».
El gobierna afirma que los jubilados no perderán poder adquisitivo pero la oposición y sindicatos temen que las pensiones queden impactadas por la inflación que supera 20% anual en Argentina desde hace una década, a pesar del mecanismo de actualización previsto por el gobierno.
El fallido debate del jueves significó para el país sudamericano volver a vivir escenas de represión en las calles que no se veían desde la rebelión que tumbó al gobierno del conservador Fernando de la Rúa en 2001.
Los vuelos de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral comenzaban a ser cancelados en los aeropuertos. La policía montó operativos de bloqueo de las calles aledañas al parlamento.
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Bajar déficit
«Uno respeta al electorado que los votó (en las elecciones de medio término en octubre), pero no para que tomen medidas que perjudican a una gran parte de la sociedad. Vamos a protestar con un paro», dijo Carlos Acuña, uno de los líderes de la central obrera mayoritaria CGT (peronista).
La CGT inició al mediodía una huelga general de 24 horas sin marchar al Congreso, pero el transporte urbano solo iba a parar a partir de la medianoche para no entorpecer la movilización, anunció la dirigencia sindical.
Los organismos de derechos humanos adhirieron a la movilización «contra la represión y el despojo», según un comunicado.
El gobierno impulsa cambiar la forma de calcular jubilaciones para bajar el déficit fiscal estimado en 5% del Producto interno bruto (PIB).
El recálculo le permitirá al fisco ahorrar en 2018 unos 100.000 millones de pesos (USD 5.500 millones), una quinta parte del déficit.
«Esperemos una jornada en paz», dijo Daniel Lipovetzky, el diputado de la alianza gobernante Cambiemos (partido derechista PRO y socialdemócrata Unión Cívica Radical).
El diputado Pablo Kosiner, jefe de un bloque peronista aliado de Macri, anunció el viernes que acordó dar quórum y votar la ley a cambio del «otorgamiento de un bono adicional» para los afectados.
Macri está en minoría en el Congreso pero consigue apoyarse en el citado bloque, vinculado a las provincias gobernadas por peronistas, con las que firmó un pacto fiscal.
El pacto contempla que los 100.000 millones de pesos serán repartidos entre las provincias para mejorar sus finanzas. Macri había señalado en sus últimos discursos que el sistema previsional está en quiebra.
Propone, por lo tanto, elevar la edad jubilatoria de manera optativa de los 65 a 70 años para los hombres y de los 60 a los 63 años para las mujeres.
En la contienda trató de mediar la Iglesia Católica pero con un llamamiento en línea con las encíclicas del papa Francisco.
«Hay que extremar recursos para no perjudicar a los sectores menos favorecidos», dijo el obispo Marcelo Colombo, vicepresidente de la Conferencia Episcopal.
La reforma impacta en los ingresos de unas 17 millones de jubilados, pobres y discapacitados, entre otros, sobre una población de 42 millones. Casi un 50% de los jubilados en Argentina gana la jubilación mínima, unos 400 dólares por mes. Los demás cobran entre 50 y 60% de lo que ganaban cuando eran activos.
