Puerto Príncipe.- Al menos 1.243 personas murieron en Haití a causa de ataques con drones en 141 operaciones entre marzo y enero pasado, situación que pone en riesgo a la población civil, denunció este martes Human Rights Watch (HRW).
Entre las víctimas figuran 43 adultos y 17 menores de edad que, según señaló en un comunicado la ONG, no pertenecían a grupos criminales.
Los ataques, algunos de los cuales parecen ser ejecuciones extrajudiciales deliberadas, se han llevado a cabo con drones cuadricópteros armados con explosivos en zonas urbanas densamente pobladas, causando en algunos casos la muerte y las heridas a decenas de personas, incluidos niños y otros residentes que no pertenecen a grupos criminales, de acuerdo con HRW.
La ONG global dijo haber documentado previamente el uso de drones cuadricópteros armados en ataques contra civiles en zonas pobladas durante los conflictos armados en Ucrania y Sudán, pero aseguró no tener conocimiento de ninguna otra situación en la que se hayan utilizado repetidamente este tipo de drones armados con explosivos en operaciones policiales.
“Las autoridades haitianas deben controlar urgentemente a las fuerzas de seguridad y a los contratistas privados que trabajan para ellas antes de que mueran más niños”, apuntó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
En su comunicado, HRW citó a la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, que, señaló, ha atribuido los ataques con drones en Haití a un grupo de trabajo especializado, creado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y operado con el apoyo de la empresa militar privada Vectus Global.
Además, la Embajada de Estados Unidos en Haití ha confirmado que el Departamento de Estado de Estados Unidos otorgó una licencia a Vectus Global para exportar servicios de defensa a Haití, de acuerdo con HRW, que entrevistó a cinco familiares de personas fallecidas o heridas en un ataque del 20 de septiembre de 2025, así como a seis líderes comunitarios, médicos y otras personas que visitaron el lugar o hablaron con las víctimas o las atendieron posteriormente.
Los investigadores también entrevistaron al familiar de una mujer que murió en otro ataque con drones el 1 de enero de 2026.
Ni el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, ni la Policía Nacional de Haití ni la empresa militar privada Vectus Global respondieron a las solicitudes de comentarios de Human Rights Watch.
De acuerdo con la información de HRW, la Dirección Central de la Policía Judicial haitiana investiga a personas presuntamente involucradas en el tráfico de drones a través de la vecina República Dominicana para grupos criminales.
En tanto, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haitíó que líderes de grupos criminales han intentado usar y adquirir drones, sin embargo, los investigadores no encontraron evidencia de un uso generalizado de drones por parte de grupos criminales.
En su comunicado, HRW señaló que la Fuerza de Represión de Pandillas, autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y creada para ayudar a combatir a los grupos criminales en Haití, debería abstenerse de proporcionar cualquier apoyo operativo a las fuerzas de seguridad haitianas hasta que se establezcan salvaguardias adecuadas para prevenir asesinatos ilegales. también, aseguró, debería exigir transparencia y rendición de cuentas a las autoridades haitianas como condición para cualquier cooperación de ese tipo.
“Restaurar la seguridad en Haití es esencial”, afirmó Goebertus, que apuntó, sin embargo, que “los ataques ilegales con drones armados están añadiendo una nueva capa de abusos a la violencia que ha devastado a las comunidades durante años".
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