Sao Paulo.- La ONG Human Rights Watch (HRW) alertó hoy de que los derechos humanos en Haití están en entredicho debido a la inestabilidad política que atraviesa el país, cuyo presidente, Michel Martelly, finaliza su mandato en once días y no cuenta con sucesor por el aplazamiento de los comicios en dos ocasiones.

El director adjunto de HRW para América Latina, Daniel Wilkinson, dijo durante la presentación del informe anual de la entidad, que se llevó a cabo de forma simultánea en Sao Paulo y Estambul, que el país está con “dificultades para proveer los servicios básicos” a la población.

El futuro político de Haití continúa en el aire a pesar de que el primer ministro, Evans Paul, dijo ayer que Martelly entregará el poder el 7 de febrero, tal y como manda la Constitución, y que hay negociaciones de alto nivel para que no se produzca un “vacío de poder” en el país.

“La debilidad de las instituciones, combinada con los estragos que arrastra Haití desde el terremoto -que asoló el país en 2010-, perjudicaron la capacidad del Gobierno de resolver persistentes problemas de derechos humanos o enfrentar las continuadas crisis» humanas, señaló Wilkinson.

El directivo subrayó la necesidad de que la comunidad internacional ponga “su atención” en el panorama haitiano porque “crear instituciones más sólidas y con credibilidad va a requerir un esfuerzo de años».

El anuario también criticó la violencia llevada a cabo por las autoridades durante los períodos preelectorales y que fue denunciada en reiteradas ocasiones por grupos locales de derechos humanos.

Según el documento, “la policía utilizó gas lacrimógeno y detuvo a manifestantes en repetidas protestas contra los resultados del primer turno de los comicios presidenciales».

De hecho, HRW denunció asimismo las condiciones en las que están los detenidos, que pasan a depender de un sistema penitenciario “abarrotado, con muchos presos viviendo en condiciones inhumanas” y que, en muchos casos, deben enfrentar más de un año de espera para ser juzgados.

También en el capítulo de criminalidad, la institución culpó a la “limitada capacidad operacional” de la policía nacional, la cual “contribuye a la inseguridad generalizada del país».

La ONG dedicó otro apartado a la violencia contra las mujeres, un crimen que no cuenta con legislación específica en el Código Penal haitiano, y reprobó la explotación infantil que -señaló- “continúa siendo común».

Según datos de la entidad, hay 225.000 niños en Haití trabajando como “restavéks”, es decir, como empleados domésticos y a menudo no van a la escuela o sufren “abusos físicos o sexuales».

En cuanto a las deportaciones, HRW reprochó las “precarias condiciones” que los haitianos repatriados desde la República Dominicana enfrentan en los campamentos de la región fronteriza.

Por último, la organización recordó que el expresidente Jean Claude Duvalier falleció en 2014 sin haber sido nunca enjuiciado por crímenes contra la humanidad durante su mandato (1971-1986) y pidió, como otros organismos internacionales, que el Gobierno continúe las investigaciones y responsabilice a los involucrados.