Matías Bosch, primer vicepresidente
La expresión no es mía, sino de un connotado diputado al conocerse la renuncia del exdirector del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro.
El diputado celebraba que sus deseos “quedan satisfechos”.
Rodríguez Monegro ha dicho a la prensa lo mismo que dijo en su carta al presidente de la República: el partidismo y los contubernios clientelares son un impedimento para cualificar la administración y los recursos humanos de los hospitales, ante lo cual el gobernante le aconsejaba “buscarle la vuelta”.
Pero mal haríamos viendo esto como una realidad aislada, un problema solo de la corrupción politiquera y la impunidad, que alguien distinto puede cambiar si se decide.
Lo que Rodríguez Monegro devela (la institucionalidad pública convertida en piñata y botín) es parte de un sistema que solo destruye el derecho a la salud y la convierte en negocio, atrapada por la corrupción tanto ilegal como legalizada.
Está la corrupción delictual que se coge los puestos y los dineros, establecida por una política viciada al servicio de las ambiciones particulares y grupales, y está la corrupción legalizada con la Ley 87-01, el proceso de descentralización y el enfoque con que funciona el propio Servicio Nacional de Salud.
Las experiencias en Chile y en Colombia son nefastas y resultan de la reforma neoliberal que aquí se impuso a petición de los bancos y organismos de la banca internacional.
Cuando esto ocurrió, un importante político dijo que no se estaba creando seguridad social sino “un negocio seguro”.
El SNS que hasta ayer dirigía Rodríguez Monegro es encarnación de esa reforma. Su creación suena bien, pero la realidad es distinta. Le deja al Ministerio un rol formal de “rectoría” mientras en la práctica lo desresponsabiliza de los hechos concretos.
Se debilita la dirección estatal, se fragmentan y desmantelan los servicios en un montón de islas dispersas, se implantan los principios de gestión privada, y se avanza en el desfinanciamiento del sistema, entregado cada vez más al lucro empresarial.
Actualmente se gasta en salud casi un 6 % del PIB anual, pero de este monto el Gobierno aporta solo el 1.4 %, mientras los seguros y el gasto directo de los hogares representan la mayor parte.
El Estado ha pasado de financiar un 31 % del gasto (2008) a apenas 23 % (2015). Las ARS privadas se han tragado 25 mil millones de pesos.
Las ARS públicas transfieren cada vez más recursos a los centros privados: un 92 % de nuestro dinero en el régimen contributivo y un 41 % en el régimen subsidiado.
Los enormes recursos que da la gente, trabajadores y empleadores, en su mayoría modestos, se los traga la politiquería corrupta y un sistema diseñado para las ganancias en lugar del bienestar.
Combinen en una licuadora un Estado que cada vez se deteriora y privatiza más, que se fragmenta y desmantela, que cada vez tiene menos recursos, con el ingrediente de que los pocos que quedan son devorados por la política viciada y politicastros que nos ordeñan, en la más absoluta impunidad del “pragmatismo” y la falta de instituciones.
Recuperar lo público de las dos formas de corrupción es una urgencia. Descentralizar y eficientizar, pero no para repartir y desangrar, sino para democratizar y garantizar servicios dignos, cercanos a la gente.
Nelson Monegro y cualquier otro con sus ideales va a terminar renunciando, tarde o temprano. Mientras que, para aquel diputado y para todos los que lucran legal e ilegalmente del desastre, el lema es “hoy se bebe”.
