Hoy aplauden las ejecuciones, ¿y mañana quién responderá?

Los agentes de la Policía Nacional con licencia para matar, particularmente los de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), están actuando libremente, amparados por el aplauso de una gran parte de la población que, hastiada por la delincuencia, celebra cada ejecución y pide que se siga matando a diestra y siniestra.

Pero también actúan bajo el respaldo del poder político que, de manera implícita, ha dado luz verde para matar. Y aquí me refiero a las expresiones del presidente, quien, en reiteradas ocasiones, ha dicho que a quienes no se entreguen los irán a buscar. Y todos sabemos lo que eso significa. Otra señal de esa luz verde es cuando el mandatario afirma que no ve posibilidades de reincorporarse a la sociedad a alguien que tiene diez fichas policiales.

Todos estamos de acuerdo en que se debe hacer frente a la delincuencia, pero no todos aceptamos que la forma de combatirla sea asesinando a sangre fría. Si se produce un enfrentamiento entre delincuentes y policías, es obvio que los agentes deben actuar en defensa propia. Sin embargo, ocurre que esa no parece ser la realidad en muchos de los casos. Me atrevo a decir que la propia Policía no tiene pruebas para sustentar ni un tres por ciento de esos supuestos intercambios de disparos. En contraste, sí existen numerosas evidencias que apuntan en sentido contrario: las ejecuciones a sangre fría.

Luego de que el presidente y el “jefe” de la Policía se refirieran a quienes tienen fichas policiales y les hicieran un llamado a entregarse, muchos han acatado esa exhortación. Sin embargo, la Policía parece haber acelerado el paso para matarlos. Incluso, hay casos en los que algunos han sido puestos en libertad y posteriormente han terminado muertos. Entonces, si hemos roto el Estado de derecho consagrado en la Constitución y hemos convertido el sistema de justicia en un mecanismo reservado para los casos de corrupción administrativa y los conflictos entre ricos, cerremos las cárceles y matemos a todo aquel que la Policía y el Ministerio Público entiendan que no merece seguir viviendo.

Hoy esto se presenta como un logro, pero ¿qué pasará mañana, cuando a alguien se le ocurra iniciar una investigación seria y responsable sobre estos hechos, como hasta ahora no lo ha hecho el Ministerio Público?

Ya un grupo de reconocidos abogados se ha pronunciado sobre el tema y lo más probable es que, por ahora, nadie les preste atención. Pero reitero la pregunta: ¿qué ocurrirá mañana, cuando llegue alguien verdaderamente interesado en investigar estos hechos y exigir responsabilidades?

Tengamos claro que cuando el Estado convierte la muerte en castigo y la impunidad en norma, nadie está a salvo del abuso de poder.

Dicho esto, estoy preparado para que me encasillen en el listado de los que merecen ser expulsados del país por no aplaudir los viles asesinatos policiales.