Honduras.— El Ministerio Público anunció el viernes que investiga a la esposa del ex presidente Porfirio Lobo por la compra irregular de miles de zapatos para ser donados a escolares pobres en Honduras que, según la denuncia, se desconoce si llegaron a sus beneficiarios.
“El caso está a cargo de la Fiscalía Especial para la Transparencia Contra la Corrupción Pública”, dijo en rueda de prensa el vocero del Ministerio Público, Yuri Mora. “Y, si hay delitos y responsabilidad penal de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, se aplicará la ley”.
La acusación la presentó a la fiscalía el Tribunal Superior de Cuentas. En un informe proporcionado a The Associated Press, el tribunal especifica que Bonilla adquirió 42.100 pares de zapatos entre enero de 2010 y diciembre de 2012 por unos 348.000 dólares para distribuirlos a niños pobres del país.
Su esposo fue presidente en 2010 y 2014. La ex primera dama “violó las disposiciones generales del presupuesto general de la nación al no realizar ninguna licitación pública para comprar los zapatos”, según el tribunal, que señala que incurrió en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en los procesos de adquisición, pago, recepción y distribución de compras.
La ley establece penas de hasta siete años en prisión por eso delitos, aunque en Honduras la frágil institucionalidad aún no lo ha permitido hasta ahora.
Para el tribunal, “hay indicios de responsabilidad penal en la operación. Y no se obtuvo del despacho de Bonilla la documentación que evidencia la entrega del calzado a los niños hondureños, por lo que se desconoce si las compras llegaron a los beneficiarios”.
La ex primera dama en una declaración calificó de “infundados” los señalamientos y dijo que desde su cargó impulsó “el programa Calzando los niños de Honduras para dotar a miles de humildes infantes con un calzado digno”.
“La sonrisa de cada niño y niña que recibió un par de zapatos será siempre una de las satisfacciones más grandes que tendré”, agregó. “Ojalá que esto no sea una maliciosa y tendenciosa forma de dañar mi persona o a mi familia”, subrayó Bonilla. Su esposo se limitó a decir a los periodistas que “la ley es igual para todos, nadie está por encima de ella”.
El incidente ocurre en momentos en que la Organización de los Estados Americanos organiza un diálogo nacional con la intervención internacional para poner fin a la corrupción e impunidad que existe en Honduras, cuya población permanece escandalizado con el desfalco de más de 300 millones de dólares al sistema de seguridad social.
Parte de ese dinero se usó en financiar la campaña del oficialista Partido Nacional en 2013, con Hernández como su candidato.
El partido tomó las riendas del gobierno en 2010, primero con el cuatrienio de Lobo y luego con Hernández, quien asumió en 2014.
La situación ha provocado un masivo movimiento de indignados que todos los viernes desfilan en Tegucigalpa y otras ciudades en marchas de antorchas para exigir la renuncia del mandatario y el encarcelamiento de todos los involucrados en el millonario ilícito.
Arrinconado por las presiones políticas, el Partido Nacional y Hernández han admitido haber recibido fondos de compañías fantasmas o de maletín implicadas en el caso del Seguro Social, tras indicar que desconocían el origen de los recursos.
