Homicidios  crecen en las  provincias

Las estadísticas oficiales de homicidios por provincias revelan una realidad que merece mayor atención: la violencia no se comporta de manera uniforme en el territorio nacional. Hay provincias que mantienen niveles relativamente bajos, otras que presentan aumentos sostenidos y algunas que registran variaciones importantes como para exigir respuestas diferenciadas.

Analizando el comportamiento de enero a agosto de 2026, las propias cifras oficiales colocan a Elías Piña con una tasa acumulada de 23.94 homicidios por cada 100,000 habitantes; Bahoruco registra 12.99; Dajabón, 12.33; Santiago Rodríguez, 11.73; Monte Plata, 11.10, y Montecristi, 10.35.

Al observar esta radiografía, advertimos que los homicidios evolucionan de manera desigual en las provincias del país. Esa diferencia obliga a preguntarse cuál debe ser la respuesta de las autoridades en territorios que antes no eran considerados de alto riesgo, pero que hoy muestran señales de deterioro.

Monte Plata, por ejemplo, registraba 3.27 en uno de los cortes de abril y llega a 11.10 en agosto. Bahoruco comenzó los primeros registros del año en cero y alcanza 12.99. Santiago Rodríguez permaneció durante buena parte del período sin homicidios registrados en esta medición y posteriormente llega a 11.73. Duarte alcanza 7.16 y Peravia 7.37.

Eso es, precisamente, lo que debe observar una política pública seria: las tendencias antes de que se conviertan en crisis.

Por esta razón insistimos en que la seguridad ciudadana no puede administrarse exclusivamente desde una tasa nacional, porque los promedios pueden mejorar mientras determinados territorios comienzan a deteriorarse. Una supuesta reducción general no elimina la obligación del Estado de identificar dónde aumentan los homicidios, cuáles son sus causas y qué intervención específica requiere cada provincia.

La necesidad de una planificación estratégica es urgente. Durante años se ha hablado de operativos especiales, mesas de seguridad, intervenciones focalizadas, asesores, reforma policial, programas experimentales y planes piloto. Sin embargo, la pregunta sigue siendo porque esos pilotos no han llegado a las provincias que muestran mayores señales de deterioro, y la modalidad permanente ha sido aplicarlos en territorios con bajos niveles de homicidios o criminalidad.

Un piloto tiene una finalidad concreta: probar una metodología, medir sus resultados, determinar qué funciona, corregir lo que falla y convertir la experiencia exitosa en una política pública institucionalizada.

Las estadísticas provinciales deben permitir al Estado anticiparse. Si un territorio comienza a mostrar una tendencia ascendente, deben activarse alertas y mecanismos específicos de inteligencia, prevención, patrullaje, investigación criminal, control de armas, mediación de conflictos y participación comunitaria.

Eso es planificación.

Después de seis años de reforma policial, y asesores internacionales, el país debería contar con mapas de riesgo permanentemente actualizados, metas por provincias y municipios, indicadores mensuales, evaluación de resultados y responsables claramente identificados. Entonces nos preguntamos: ¿para qué pagar tantos asesores internacionales si la estrategia territorial sigue sin aparecer?

Porque cuando los territorios comienzan a cambiar y la respuesta institucional sigue siendo predominantemente reactiva, el problema deja de ser solamente policial.

Es un problema de conducción estratégica.

Los homicidios por provincias están indicando dónde comienzan los problemas. El Estado debería demostrar que sabe leer esas señales antes de que sea demasiado tarde.

Y frente a esa realidad, la pregunta resulta inevitable:

¿Dónde se diluyó la política pública de seguridad ciudadana?

Directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (Cesede)

Experta en Seguridad Ciudadana