NUEVA YORK.– Hispanos de diferentes nacionalidades residentes en esta ciudad manifestaron su respaldo a la legislación que propone la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, la cual exigiría a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentar una orden judicial antes de realizar operaciones de control migratorio en “lugares sensibles”, como escuelas, hospitales e iglesias, entre otros.
En un documento de prensa, salvadoreños, dominicanos, hondureños, mexicanos y colombianos, entre otras comunidades, que solicitaron no ser identificados, recordaron que esa disposición existía en administraciones anteriores, pero fue revocada recientemente por el Departamento de Seguridad Nacional a nivel federal.
La iniciativa forma parte de una serie de propuestas presentadas por Hochul en su discurso sobre el Estado del Estado (State of the State), en el que también aboga por limitar las incursiones de ICE en zonas donde se presta servicio educativo, de salud o de culto sin una orden emitida por un juez.
“Siempre haré todo lo necesario para proteger a los neoyorquinos cuando su seguridad esté en riesgo”, expresó la gobernadora, citada por los participantes del documento. “Esto también significa defender a nuestras comunidades inmigrantes cuando los agentes de ICE irrumpen en nuestros barrios y centros comunitarios sin órdenes judiciales”.
Una legislación con antecedentes y apoyo comunitario
Los hispanos que se pronunciaron respaldan la propuesta porque consideran que devuelve protecciones que existían bajo políticas federales anteriores, antes de que esas protecciones fueran eliminadas, algo que ha generado preocupación entre familias inmigrantes y defensores de derechos civiles.
La legislación también contemplaría que los neoyorquinos puedan demandar a los agentes federales en tribunales estatales por violaciones de derechos constitucionales, una medida inspirada en principios similares a la conocida sección legal federal 1983, que permite acciones civiles contra funcionarios que exceden sus funciones.
Respaldo y matices políticos
Aunque la propuesta ha recibido apoyo entre sectores de comunidades inmigrantes y activistas pro derechos civiles, algunos críticos señalan que debate político más amplio en Nueva York sigue abierto, incluyendo cómo equilibrar la cooperación con las autoridades federales que persiguen delitos penales con la protección de comunidades vulnerables.
Hochul ha dicho que apoya los esfuerzos legítimos de ICE para hacer cumplir la ley en colaboración con las fuerzas del orden locales, pero recalca que esto debe hacerse con respeto a los derechos civiles y las protecciones constitucionales garantizadas a todos los residentes del estado.
Contexto en torno a los “lugares sensibles”
El concepto de “lugares sensibles” hace referencia a espacios donde se considera particularmente perjudicial para la comunidad que se lleven a cabo acciones de deportación o detención sin una orden judicial, puesto que estos lugares son esenciales para la vida cotidiana y el bienestar de las personas, como escuelas, hospitales y centros de culto.
Este tipo de protección existió históricamente en políticas federales, pero fue eliminada el año pasado por el gobierno nacional, lo que según críticos ha generado miedo e incertidumbre entre familias inmigrantes, llegando incluso a reportes de estudiantes que evitan asistir a clases por temor a posibles redadas en los alrededores de escuelas.
El papel de la comunidad hispana
Los portavoces hispanos que respaldaron la propuesta insistieron en que no es una postura contra la ley ni contra el cumplimiento de la misma, sino una demanda de equidad, protección y debido proceso para todos los residentes del estado, incluidos inmigrantes indocumentados y sus familias.
“Queremos vivir sin miedo, poder enviar a nuestros hijos a la escuela y acudir a nuestras iglesias o clínicas sin temor a que irrumpan agentes federales sin una orden judicial”, afirmó uno de los firmantes del documento comunitario.
Reacciones de autoridades y retos
La gobernadora Hochul también ha propuesto que, además de la exigencia de orden judicial, los neoyorquinos puedan presentar demandas estatales contra agentes federales que violen sus derechos constitucionales, lo que ha generado un debate sobre la autoridad estatal frente a la federal en materia migratoria, así como el rol que juegan las cortes estatales en estos casos.
Grupos defensores de derechos civiles han saludado las propuestas, aunque algunos legisladores y activistas consideran que las medidas deben ir acompañadas de políticas más amplias de protección y acceso a servicios para inmigrantes.
Sin embargo, desde el ámbito político federal han expresado reservas, argumentando que los esfuerzos por limitar la actuación de ICE en ciertos contextos podrían complicar la cooperación entre niveles de gobierno en operaciones de seguridad penales.
¿Qué sigue?
La propuesta de legislación presentada por Hochul ahora debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York, en un proceso que implicará negociaciones y posibles ajustes antes de convertirse en ley.
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Ramón Mercedes
Ramón Mercedes, con décadas en el ejercicio periodístico, tanto en NY como en RD, ha escrito para los principales medios informativos de República Dominicana, tanto escrito, radial y televisivo. Reside en NYC.
