Ante la discrepancia del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre cómo decidimos quiénes son o no dominicanos, la Finjus cree que el alegato de la CIDH, de que incumplimos obligaciones internacionales, merece ponderación, pese a la excelentemente fundada decisión del Constitucional sobre el asunto.
Independientemente de cualquier argumento a favor de la CIDH, ningún Estado pone en manos extranjeras la decisión soberana de cómo adquirir su nacionalidad.
En la cuestión de haitianos residentes ilegalmente aquí que alegan espuriamente ser dominicanos, la competencia de la CIDH –si la tuviera, que son otras quinientas— sería de tutela de los derechos humanos de quien recura a esa instancia.
Por tanto, es afrentosa la afirmación de que los dominicanos violamos los derechos humanos de haitianos que quieren ser pero no son dominicanos.
Es escandaloso, políticamente, que la CIDH nos asquerosee a nosotros en vez de ayudar a Haití, pues la falta de registro civil allá afecta derechos humanos y ciudadanos de un numero muchísimo mayor de personas desprotegidas. ¡Qué purulentos timbales tienen!
