Ricardo Martinelli. AP
Panamá.– La justicia panameña inició hoy la búsqueda de las primeras 17 personas requeridas por el caso de los sobornos de Odebrecht, entre ellas dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, a quienes Suiza congeló cuentas con 22 millones de dólares.
La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, anunció que “se formularon cargos” por blanqueo de capitales contra 17 personas, cuyos nombres no reveló, aunque precisó que son tres ex altos funcionarios, ocho empresarios panameños y cinco extranjeros, y un oficial de la banca privada local.
La lista incluye a los hijos del expresidente Martinelli (2009-2014), Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, a su hermano Mario, a quien fuera su ministro de Obras Públicas Federico Suárez, y al exdirector de la Caja de Seguro Social Guillermo Sáez Llorens, de acuerdo a datos filtrados a medios locales.
También están el exdirector del banco estatal Caja de Ahorros, Ricardo Francolini, quien ya está detenido por la investigación de un préstamo irregular; la abogada Evelyn Vargas y las empresarias Ana Isabel Suarez Cedeño y Nitzela Bonilla, de acuerdo con lo revelado por el canal TVN.
Contra estas nueve personas la Fiscalía pidió una orden de conducción para que declaren sobre el caso de sobornos de Odebrecht, una medida que se pudo tomar por el reciente levantamiento de la confidencialidad que regía sobre las asistencias judiciales enviadas a Suiza en el último año.
El portavoz del expresidente Martinelli y de su partido Cambio Democrático (CD-opositor), Luis Eduardo Camacho, denunció en declaraciones a Efe este martes que el Ministerio Publico (MP) no está “respetando las garantías procesales, entre ellas la de reserva del sumario y la presunción de inocencia” ni en el caso Odebrecht ni en otros que involucran al ex jefe del Estado.
Porcell planteó este martes la posibilidad de requerir a través de Interpol a algunos de las 17 personas cuya orden de conducción fue emitida el lunes por la recién creada Fiscalía Especial Anticorrupción, dedicada solo a Odebrecht.
Los llamamientos se producen días después de que la justicia suiza congelara a los hijos de Martinelli cuentas con 22 millones de dólares vinculados con los sobornos de Odebrecht, según confirmó el secretario general del MP, Rolando Rodríguez.
Una fuente judicial que pidió el anonimato adelantó el lunes a Efe que al poder usar los elementos de la investigación suiza, el MP giraría en las próximas horas una orden de conducción contra los hijos del expresidente, quienes ayer mismo dijeron en un comunicado que respetan los procedimientos legales y que atienden a las solicitudes de la Justicia suiza a través de sus autoridades.
Los primeros documentos hechos públicos, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, indican que de 788 millones de dólares que Odebrecht pagó en comisiones en 12 países, 59 fueron a parar a manos de exfuncionarios panameños y unos 6 millones a familiares de un alto cargo no identificado, entre 2009 y 2014.
Pero las revelaciones suizas suman más millones a la cuenta a favor de Panamá, ya que la investigación de EE.UU. transcurrió independientemente a la del país europeo, que ahora arroja nuevas luces.
Porcell fue enfática al decir que el MP conocía de estos hechos desde mediados del año pasado debido a su colaboración con Suiza, que inició en marzo de 2016, pero que debido a la confidencialidad no se pudo tomar acciones a nivel local.
Con EE.UU., Suiza y Brasil investigando, el MP panameño cuenta con un “amplio abanico” de información que no solo se restringirá al periodo de Gobierno de Martinelli, sino que se extenderá a todas las Administraciones de Gobierno adonde lleven las pesquisas, sostuvo la fiscal general.
Odebrecht ejecuta importantes proyectos de infraestructura en Panamá que superan los 3.000 millones de dólares y emplean a 8.000 personas, entre estos, la Línea 2 del Metro y la renovación urbana de Colón, adjudicados en la actual Administración, del presidente Juan Carlos Varela.
El Gobierno panameño vetó en diciembre pasado la participación de Odebrecht en nuevas licitaciones hasta que resarza al Estado y colabore con las investigaciones judiciales.
La empresa se comprometió este mes a pagar al Estado panameño “los primeros 59 millones de dólares” en concepto de fondo de garantía, según anunció el MP, que aclaró este martes que la promesa fue verbal, sin que se haya firmado acuerdo alguno.
Las órdenes de conducción surgen en medio de fuertes críticas a la Fiscalía por una aparente pasividad ante un escándalo de corrupción que en otros países, como Ecuador, Perú y República Dominicana, ha provocado acciones más severas, como allanamientos y detenciones.
