Palma de Mallorca (España).- Cristina de Borbón, segunda hermana del rey Felipe VI, ha pagado, a través de sus representantes legales, los 587.413,58 euros (unos 730.000 dólares) de responsabilidad civil que solicita para ella la Fiscalía por su implicación en un caso de corrupción.
Esta cantidad fue solicitada por el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach en su escrito de acusación, como beneficiaria a título lucrativo, en el denominado “caso Nóos” , por el que un juzgado de Palma de Mallorca investiga el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidió el esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdandarin. Se trata de la mitad de los fondos que, según Horrach, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de Cristina de Borbón y su esposo, Iñaki Urdangarin, al 50 %, y que destinaron a pagar gastos personales.
El fiscal considera que la infanta, a pesar de desconocer el origen ilícito de parte de los fondos de los que se nutría Aizoon, “se benefició” porque su esposo los destinó a abonar servicios y suministros de tipo personal o familiar. El fiscal, en cambio, solicitó al juez de Palma de Mallorca que instruye el caso, José Castro, que no lleve a juicio a la infanta Cristina, porque no hay indicios para acusarla.
El juez José Castro investiga el supuesto desvío de 6,1 millones de euros (unos 7,5 millones de dólares) de fondos públicos entre 2004 y 2007, de los que la infanta Cristina se habría beneficiado porque parte de ese dinero se habría ingresado en la empresa Aizoon.
Por su parte, la abogacía del Estado reclama a la infanta una responsabilidad civil a título lucrativo de 168.571 euros, que se corresponde únicamente con la mitad de lo supuestamente defraudado por Urdangarin a Hacienda.
Según lo solicitado tanto por la Fiscalía como por la abogacía del Estado, la infanta podría ser condenada a pagar esa responsabilidad civil en caso de que Urdangarin fuera condenado en el juicio del caso Nóos.
El despacho de Miquel Roca, que lleva la defensa de la infanta, solicitó al juez el sobreseimiento de la actuaciones contra su defendida, al haberlo pedido explícitamente la Fiscalía Anticorrupción y al no acusarla la Abogacía del Estado, ni ninguna otra acusación particular.
Para Iñaki Urdangarin, la acusación pública solicita una pena de 19,5 años de cárcel y que pague 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo.
