El incumplimiento de manutención siempre se ha visto como un asunto íntimo, cuando en realidad se trata de un problema público por el costo que supone para el Estado.
Más de US$5.000 le debe a Soledad Paredes el padre de su hijo por el pago intermitente de la pensión alimenticia.
Hace apenas dos años, esta chilena logró que un juzgado de familia ordenara que se le descontara a su expareja una cuota fija mensual de su sueldo a través de su empleador. Sin embargo, el monto de $200 resulta insuficiente para cubrir los gastos de un joven universitario de 21 años.
Lograr un ajuste o el reconocimiento de la deuda significaría para Soledad otra larga pelea legal, que ya no está dispuesta a dar. «Siento que he mendigado toda mi vida la pensión alimenticia de mi hijo», le cuenta a BBC Mundo.
«Ya basta. Cuando cumplió 18 años, su papá lo demandó para dejar de pagar la pensión que le corresponde hasta los 28. Alegó que no estudiaba. Ha dicho que no es suyo, que no lo quiere… todo para no cumplir».
En Chile, la pandemia ayudó a sacar de la esfera privada este problema de los deudores alimentarios. No existían cifras al respecto, hasta que el Estado estableció que las exparejas e hijos de deudores podían solicitar la retención de los fondos de pensiones a quienes adeudaban la manutención.
¿El resultado? Más de 900.000 solicitudes, por un orden de $700 millones, según datos de la Superintendencia de Pensiones.
Ello impulsó la creación de un registro nacional de deudores de pensiones de alimentos durante el segundo mandato de Sebastián Piñera y la aprobación en mayo pasado de la Ley de Responsabilidad Parental bajo el gobierno de Gabriel Boric.
Esta normativa ahora permite analizar los bienes del deudor a través de las entidades financieras o tributarias y ordenar el pago inmediato o la retención del dinero.
«Un gran costo para el país»
«Los Estados tienen la obligación de intervenir en este tema, porque el incumplimiento de la cuota alimenticia no sólo tiene consecuencias para las mujeres y para sus hijos, sino también representa un gran costo para el país», explica a BBC Mundo Antonia Orellana, ministra chilena de la Mujer.
«Esas limitaciones generan pobreza y afectan el desarrollo social«, agrega. «Y lo que para muchos es un asunto íntimo o privado termina por convertirse en un problema de carácter público».
El registro chileno de deudores alimenticios entró en vigor a partir de noviembre de 2022. Las cifras más recientes reportan 99.000 personas inscritas (sólo 3% son mujeres), que adeudan al menos $126 millones por incumplimiento con la pensión que les corresponden a 130.000 niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, estos números no reflejan la dimensión real del problema en Chile. «El registro ha sido un avance. Partió con cifras muy tímidas y ahora se suman 10.000 deudores cada mes«, asegura la ministra Orellana.
«Pero existen muchos casos que no llegan a judicializarse. Ya sea porque la madre desiste en tribunales o porque el deudor evade su responsabilidad con artimañas legales. Eso es lo que estamos buscando cambiar, porque, al final, se vuelve un problema social que alguien termina pagando».
Francia, por ejemplo, costea la pensión de las madres o los hijos y luego les cobra a los deudores, para proteger a los acreedores de caer en una situación de insuficiencia económica. Lo mismo ocurre en otros países europeos como Dinamarca, Finlandia y Alemania, entre otros.
América Latina recién incursiona en esta materia.
Daño patrimonial
En noviembre de 2022, la Cámara Baja del Congreso de Argentina aprobó la creación del Registro Nacional de Deudores Morosos (ReNDAM). Quienes estén inscritos no podrá abrir cuentas bancarias, acceder a tarjetas de crédito, renovar la licencia ni ser proveedores del Estado.
Este proyecto de ley espera la aprobación del Senado. Sin embargo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ya comenzó a restringir desde mayo la emisión del permiso de conducir a quienes adeudan la manutención.
Un estudio del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual argentino reveló que más de la mitad (66,5%) de las bonarenses que están separadas del padre de sus hijos no reciben ayuda económica o la perciben de forma eventual.
Sólo una de cada diez obtiene un aporte suficiente para cubrir todos los gastos de sus hijos. El resto recurre a estrategias para llegar a fin de mes, como aumentar las horas de trabajo o endeudarse.
Ese daño patrimonial que causa el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria en la práctica supone una forma de control y, por tanto, una manifestación de violencia.
«Cuando un padre dice que no puede, una madre tiene que buscar la manera de pagar», afirma Maru Breard, directora de Equidad de Género de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
«Ese menoscabo de su patrimonio cuarta la libertad de la mujer, la precariza y la subordina. Por ello hablamos de violencia económica, porque los hombres siguen teniendo control de ese hogar a través del dinero. Sin contar otros daños que ocasionan, como insultos, golpes, chantaje sexual y hasta la muerte».
Pacto de silencio
Soledad Paredes exigió el pago de la manutención desde que su hijo nació. Llevó su caso a tribunales de familia en dos ocasiones y del padre sólo recibió agresiones: «Me enviaba mensajes diciendo que lo dejara en paz, que él nunca lo ha reconocido y que no le interesaba ayudarlo», cuenta.
A los 23 años tuvo que asumir sola los gastos de un niño. Ello la obligó a trabajar sobretiempo y a renunciar a sus estudios. «Yo me postergué», admite Soledad, ahora de 44 años.
«Recién el año pasado pude terminar mi carrera. No tenía tiempo, porque nunca he parado de trabajar. Ha sido un proceso muy desgastante. Muchas veces me he preguntado: ¿por qué tengo que hacer esto si es su hijo? Es su obligación moral y legal».
En el caso de Chile, el deber alimentario está regulado en el Código Civil y en la Ley N° 14.908, conocida como la Ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Pero este deber también está establecido en tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niños, entre otros.
La evasión, por tanto, no es consecuencia de un vacío legal, sino la respuesta a un problema cultural. «La sociedad apunta con el dedo a la madre autónoma, pero tiene un pacto de silencio con los deudores alimentarios«, afirma Breard.
«A las mujeres que reclaman el pago se les llaman vividoras, despechadas, malas administradoras… Les piden que hagan su vida y dejen vivir, cuando en realidad se trata de un asunto de corresponsabilidad. Incluso, el Estado es el primer deudor alimentario al no intervenir y dejar que estas situaciones que afectan a sus ciudadanos sigan pasando«.
Maternidades dignas
La historia familiar de la mexicana Diana Luz Vásquez ha estado plagada de padres ausentes.
Primero, su abuela. Después, su mamá. También sus tías y luego ella. Al darse cuenta de esa cadena, decidió que no quería que su hija Sabina pasara por lo mismo y emprendió una pelea legal en los tribunales de Oaxaca para exigir el pago de la pensión alimentaria.
Pasó cuatro años en juzgados sin obtener respuesta. Su impotencia, al final, la empujó en 2021 a tomar acciones extremas: exponer en público el rostro de su deudor y presentarse en su oficina para embarrar las paredes con pañales sucios.
Desde entonces, otras mujeres se han unido a su causa y han recorrido el país llevando sus «tendederos de deudores» en un acto de reclamo por la impunidad con la actúan algunos padres para evadir su responsabilidad.
En México, al menos el 67,5% de las madres sin pareja no reciben pensión alimentaria, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).
Se habla que tres de cada cuatro niños de padres separados no cuentan con apoyo económico. Un panorama que explica por qué la lucha de Diana Luz Vásquez ha terminado convirtiéndose en la lucha de muchas mexicanas.
«Queremos justicia, porque el sistema no criminaliza a estos hombres, cuando son ellos quienes actúan como delincuentes al evadir la ley«, afirma Diana a BBC Mundo.
«Falsean la dirección de su residencia, cambian de trabajo, alteran sus ingresos, traspasan sus bienes para declararse insolventes y no van a las audiencias. Muchas veces dejan a sus mujeres con deudas, las estafan, y ellas quedan condenadas a la pobreza».
Su trabajo como activista abrió el camino para el registro de deudores alimentarios fuera público en el estado de Oaxaca y se estableciera un certificado de no adeudo de pensión como requisito para acceder a contratos públicos o créditos financieros.
Ahora, lleva su lucha al Senado para que la Ley Sabina -nombre que le asignó en honor a su hija de seis años- se aplique en todo el país. «Falta lograr unas 40 reformas más y es lo que estamos promoviendo con esta Ley», asegura Diana.
«No es posible que las madres tengamos que pagar por un examen de ADN en un juicio de paternidad con un dinero que no tenemos. Queremos que se fije una pensión mínima para que no quede a discreción de los jueces, que se les prohíba el cambio de guardia y custodia… El Estado debe asumir su responsabilidad, porque maternar también es un asunto político«, agrega.
Reclamar la cuota alimenticia, en el fondo, no debe reducirse a un asunto del dinero, aclara Marú Breard. En su opinión, la discusión sobre la manutención debe reorientarse para que la sociedad comience a hablar del derecho a una maternidad digna.
«No podemos seguir maternando solas, calladas y sin dinero. Las mujeres a las que les niega apoyo económico no pueden ser las madres que soñaron si viven detrás del progenitor y en un estado de constante maltrato e incertidumbre. Sin cuota alimentaria, no tendremos jamás maternidades dignas ni infancias protegidas«.
