“Tienen miedo de que les quiten lo robado”, arguyen injuriosamente algunos entusiastas defensores de la atropellada aprobación en el Congreso del proyecto de ley de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos, cuyas tres versiones estudia una comisión bicameral, mientras políticos del PRM aseguran que habrá ley esta semana.
El concepto de “extinción de dominio” es definido como “una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, de los bienes a que se refiere la ley, por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna”, según una “ley modelo” promovida por el Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
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