Por: Emiliano Reyes Espejo
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¿Acaso es suficiente la inversión que realiza el Estado en sus políticas destinadas a reducir el ya crónico déficit de viviendas en el país? La crisis de la vivienda, la cual como tal apenas se menciona, tiene que ser sometida a debates. Pero ¿Por qué eso ahora? ¿Por qué razón? -se preguntarán los interesados que intervienen cotidianamente en los aspectos técnicos y económicos del importante sector-.
Y la respuesta sería: -Ah, es que los resultados de las discusiones sobre esta temática son de interés para millones de dominicanos. Además, podrán servir de insumos para los expertos que trabajan en la elaboración de los programas de gobierno de los partidos políticos que se disputarán la Presidencia de la República en las elecciones de 2024.
Desde mi óptica, el litoral técnico podrá hacer importantes aportes a los partidos respecto a definir sus nuevas políticas dirigidas a conjurar el déficit de viviendas. Se trata igualmente de una excelente carnada destinada a atraer votos de hombres y mujeres del campo.
Inversiones rurales
No se debe dejar de lado que en la pos pandemia el actual gobierno dirigió recursos al sector de la construcción, mayormente viviendas, pero orientado a reactivar el empleo y la economía, en sentido general. Es por esa razón que, luego de atravesar por dificultades el sector vivienda comenzó a reactivarse, a la vez que se estabiliza la situación económica del país.
“La evolución económica de República Dominicana no podría entenderse sin mirar al sector construcción. Se trata de uno de los grandes facilitadores del crecimiento, estrechamente relacionado con ámbitos como el comercio o el turismo”, publicó recientemente la revista Mercado. Indica que la estrategia macroeconómica del Banco Central “afectaba directamente al mercado de la vivienda y, de su mano, al sector de la construcción”.
La prestigiosa revista cita que el escenario comenzó a cambiar cuando a finales de mayo el Banco Central “dio un giro a su política monetaria, bajando las tasas de interés hasta el 8%”.
En tanto, una publicación de octubre de este año de Diario Libre establece que el Gobierno invirtió 1,423.9 millones de pesos en el levantamiento de 2,000 unidades habitacionales en el distrito municipal Hato del Yaque, en Santiago. También se erogaron 1,158.9 millones de pesos para la construcción de 2,384 residencias en el distrito municipal de San Luis, en Santo Domingo.
“Además, se destinaron 1,175.5 millones de pesos para el mejoramiento de 100,000 viviendas en todo el país entre enero y septiembre de 2023”, reseña Diario Libre.
Como se puede apreciar, el gobierno realiza su propio esfuerzo, a la vez que estimula la inversión privada para afrontar el déficit habitacional en el territorio nacional. Se observa, asimismo, que la política estatal está orientada mayormente a solucionar el problema en el área urbana.
Lo que se desea, sin embargo, es que en el próximo cuatrienio gubernamental 2024-2028 las inversiones den un giro, aumenten su capital y prioricen la construcción de viviendas rurales.
Rediseñar viviendas rurales
Como una cosa tiene que ver con la otra, además de debatir sobre este derecho constitucional básico que es la vivienda, las instituciones del Estado –o el mismo sector privado-debieran convocar a arquitectos e ingenieros a un concurso de diseños de viviendas rurales dignas.
El diseño o los diseños ganadores deberán ser entregados a los candidatos presidenciales de los diferentes bloques partidarios, a los cuales se les exigirá integrar estos modelos de viviendas dignas en sus respectivos programas, sin importar el partido que resulte ganador de la contienda electoral.
O sea, la propuesta de construcción de viviendas para reducir el déficit existente, que se estima en cientos de miles (estimado en 85 mil en 1989-ingeniero David Luther) se convierta en una propuesta común de todos los partidos.
La directora del Instituto de Derechos Humanos y Capacitación Política (IDEHCAP), doctora Mayra Guzmán, nos comentó que la iniciativa plasmada por nosotros en un artículo anterior está consagrada en el Art. 59 de la Constitución de la República como el “derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales”. Citó que, en Colombia, por ejemplo, “las casas deben construirse con acceso a la tecnología de banda ancha”.
Guzmán insiste en que se garantice a la población el derecho constitucional a la vivienda, pero que esta deberá ser “digna”. Sostiene, empero, que no se tienen bien definidos los términos que permitan entender cómo sería “una vivienda digna”.
– “Si hablamos de ir quitando barreras o brechas de acceso no debemos excluir el de la vivienda, es un tema que al parecer el regulador (Ministerio de la Vivienda y Edificaciones –MIVED) no se ha enterado de que esa es una responsabilidad que se le deberá exigir a los que fabrican las viviendas como bienes de consumo”.
En tanto, otras personalidades –como ha sido el caso de la especialista en gestión humana, Karina Estrella, han opinado en torno a que la construcción de viviendas, con miras a reducir su déficit en el país, tiene que planificarse y que las casas se construyan “con metrajes dignos que no parezcan hacinamientos, por más subsidios que tengan las viviendas y aunque se construyan para personas de escasos recursos”.
“Estuchitos de fósforos”
“Deben repensarse los diseños, conseguir que las casas rurales no sean como cajitas de fósforos”, enfatizaron.
La doctora Guzmán sostuvo que “los servicios esenciales de 50 o 20 años atrás no son los mismos de hoy día” y que por eso ahora “las viviendas ya se construyen con todo este equipamiento que se necesita para la conexión de internet”, como dijo ya ocurre en Colombia.
Entiende la defensora de los derechos humanos, que el Estado tiene que contemplar en las nuevas viviendas el contrato del servicio de internet, que las estructuras de las casas están provistas de “la infraestructura necesaria de conexiones de esas redes, que ya estén dentro de los que se exige a los constructores. Algo así como se exige para electricidad, plomería, teléfonos, ahí debería estar en estos planos la conectividad de banda ancha”.
De acuerdo con esta activista religiosa y académica, el Estado no debe dejar que los empresarios que ponen estos bienes en el mercado hagan lo que quieran. “Que sepan que tienen que cumplir con unos planos que le exige la institución competente”. Aboga para que se dé seguimiento a través de MIVED para que se cumpla lo que dice la Constitución, de “que sea una vivienda digna y que tiene los servicios esenciales”.
“Permitir que se construyan casas que parecen estuchitos de cajas de fósforos no es digno, ahí entran también baños que no tienen las condiciones para que una persona se pueda bañar de tan pequeño, no es lo más recomendable”.
La magnitud del problema
Entre los años del 80 al 2000 el déficit de viviendas ya registraba una dimensión preocupante. Según el experto, arquitecto David Luther, la falta de casas subía a más de 804 mil durante ese periodo. Para entonces CCI-Viviendas planteó como alternativa de solución “el sistema de ayuda mutua y esfuerzo propio”, el cual no tuvo el efecto deseado.
Para entonces, el director ejecutivo de CII-Viviendas, doctor Luis Martínez, puntualizó que países como Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile y otros, optaron por la solución mediante la construcción de viviendas populares, la autoconstrucción, el sistema de ayuda mutua y esfuerzo propio y cooperativa de viviendas, “sin descuidar el sistema tradicional o convencional de construcción”.
Pero esos esquemas entraron en crisis no solo por falta de política del Estado vigente, sino también por la crisis económica que hizo que asociaciones de ahorros y préstamos y la banca hipotecaria que habían contribuido mucho al sector vivienda de bajo costo, tuvieran que salir o reducir al mínimo los financiamientos de viviendas en el país.
Unos cuarenta años atrás ya el director ejecutivo de CII-Viviendas, el doctor Luis F. Martínez, entendió que, con la construcción de grandes proyectos habitacionales en la ciudad capital y Santiago, “se ha creado un problema mientras se resuelve un problema”.
Para Martínez, más que levantar proyectos para lavar la cara a las ciudades y atraer turistas, “hubiese sido mejor atacar el problema en la zona rural”. “En vez de ahora estar lamentando la emigración campesina hacia la ciudad, lo correcto hubiese sido desestimular esa emigración a través de un mejoramiento de las condiciones de vida del campesino”, subrayó.
“Y la vivienda-según apunta el doctor Martínez- es uno de los medios a través de los cuales se mejoran las condiciones de vida del campesino”.
Por tanto, es necesario:
1) Que un nuevo gobierno –o la continuación del actual- reoriente a través del Banco Central su política de construcción de viviendas y destine mayores recursos a levantar casas dignas en las zonas rurales.
2) Que el MIVED disponga la construcción de viviendas destinadas a productores y obreros agrícolas del campo, como se destina ahora recursos para construir viviendas a la clase media y trabajadores de la ciudad.
3) Que el MIVED convoque antes del término del torneo electoral, a arquitectos, ingenieros, proyectistas, diseñadores a un concurso de diseño de la “nueva vivienda rural” que deseche los edificios de varios pisos y propongan diseños amigables con la vida en el campo.
