¿Ha sido penetrada por hackers la plataforma tecnológica de la Procuraduría y DIGESETT? ¿Opera en este último organismo una mafia interna que causa los problemas de las multas?
La prensa nacional se ha hecho eco de denuncias de conductores y no conductores de vehículos que aparecen con decenas de multas en la plataforma electrónica de dichas instituciones. Se ha generado cúmulos increíbles de hasta 99 violaciones de la ley de tránsito por parte de un solo ciudadano. Algo insólito. ¿Con qué paga un chofer del transporte público 99 o más multas?
¿Puede permitirse que siga conduciendo un vehículo una persona que haya acumulado igual número de infracciones? Para agravar el problema, estas sanciones están amarradas al proceso de permitir sacar o no el marbete o revista vehicular, así como a otros trámites legales.
Se ha dicho, sin tener a manos nada que lo confirme, que existe un interés especial de las autoridades para aumentar por esta vía los ingresos del gobierno a fin de destinar recursos, vía la Procuraduría General de la República, a la construcción de cárceles. Eso es increíble. No puede ser verdad y no es verdad.
Nadie puede “en su sano juicio” pensar que este, ni ningún gobierno adopte una medida similar para recabar recursos, partiendo de que afectaría derechos de ciudadanos comunes y de choferes, de carros y/o guaguas públicas. Sería poner a pagar sanciones a decenas de personas que alegan no tener ni haber tenido vehículos. Otros han dicho que ni siquiera saben conducir.
Algo no cuadra en este asunto, algo anda mal y corresponde una aclaración.
¿Es posible que el sistema de multas de la DIGESETT haya sido penetrado por hackers que han alterado su funcionamiento? ¿Opera a nivel interno de la DIGESETT una mafia que pone multas sin control? ¿Se desbordó el multómetro?, me pregunto nueva vez.
Hay que buscar una respuesta a esta situación. Urge, por tanto, que se disponga una profunda investigación, una auditoría forense que establezca con certeza si la plataforma digital de la DIGESETT opera correctamente.
Tuve una experiencia personal que me pareció rara. En una oportunidad recibí en mi computadora una notificación de pago de multas desde Chile vía internet, con mi nombre y apellidos, intimándome a pagar sanciones por supuestas violaciones de semáforos. Nunca he ido a Chile. Igual recibí notificaciones de sanciones por infracciones desde Perú, pero tampoco he visitado esa paradigmática nación sudamericana. O sea, que parece que el problema es global, propio de enlaces de redes que se reproducen y canalizan a nivel mundial.
En lo que respecta a nuestro país, creo factible que las autoridades se aboquen a aprobar una Ley de Amnistía que se conoce en el Congreso de la República y partir de cero en esto de las infracciones. En Derecho se plantea que más vale perdonar a un culpable que no se le ha confirmado el delito, que condenar a un inocente. Y eso ocurre con esta situación, pone a conductores y no conductores a pagar multas por infracciones que no cometieron, lo que violenta el estado de derecho de los dominicanos.
En tanto se investiga la causa de estos malestares creados por las “multas fantasmas”, el gobierno de ir pensando en sacrificar algunos ingresos por esa vía, que dicho sea de paso, salen del magro bolsillo del ciudadano.
