La semana pasada relatamos como el precio del barril de petróleo WTI ha descendido en el periodo julio 2014 a enero 2015 un 56%.
Así mismo mostramos descensos en los precios de la gasolina y diesel denominados Premium, cercanos al 30%, y con estas reducciones ponderamos la falta de cambio en las tarifas eléctricas.
Gracias al cuestionamiento presentado, recibimos noticias del Consorcio Energético Punta Cana–Macao (CEPM) y Compañía de Electricidad de Bayahíbe (CEB), donde informan que han reducido sus tarifas en un promedio de un 26.3%.
Luz y Fuerza de las Terrenas, también nos remitió copia de una nota donde informa que había reducido sus tarifas un 11%.
Estas informaciones acerca de las tarifas de generadores independientes, y ni hablar de los llamados grandes usuarios o usuarios no regulados, nos llevan a la reflexión de cuán grande es la debilidad del Estado de poder proveer una energía confiable y económicamente viable.
Por ello, y por presiones de la población y empresarios, el país ha emprendido el ejercicio de un Pacto Eléctrico, sobre el cual se reclama que se incluyan las consecuencias legales para quienes no cumplan con el mismo, visto históricamente tantos acuerdos y planes para el sector eléctrico incumplidos.
El llamado Pacto tiene que reflexionar acerca del futuro de las concesiones independientes, que habiendo cumplido décadas de exitoso desarrollo, se les requiere precisar su rol futuro en un sistema nacional interconectado que persigue la eficiencia y la eficacia.
Y esta reflexión nos lleva a un tema aun más importante: el del rol de las exenciones fiscales en el desarrollo del país.
Hemos creado enormes cantidades de empleos y abundantes riquezas a la sombra del sacrifico fiscal que el estado realiza para impulsar la promoción de actividades productivas, pero estas exenciones parecen ser eternas.
¿La pregunta final es entonces, hasta cuándo las exenciones?
