BUENOS AIRES.-El fiscal argentino que acusó a la presidenta Cristina Fernandez de encubrimiento agravado en la causa del atentado a una mutual judía fue hallado muerto en su departamento de Buenos Aires, según se informó el lunes oficialmente.
El fiscal Alberto Nisman, que generó un alboroto político hace unos días al pedir la indagatoria de Fernández, el ministro de Exteriores Héctor Timerman y otros allegados al gobierno, fue hallado el domingo por la noche en el interior del baño de su habitación, bloqueando la puerta de acceso al mismo, explicó un comunicado del Ministerio de Seguridad. Junto al cuerpo de Nisman, que se hallaba en el suelo, se encontró un arma de fuego del calibre 22, además de un casquillo de bala.
La investigación está a cargo del titular del Juzgado Nacional Criminal de Instrucción Nº5, Manuel Arturo De Campos, y de la fiscal Viviana Fein.
Fein informó a periodistas que la muerte de su colega se produjo por “un disparo de arma de fuego”, aclarando que hay que esperar los resultados de la autopsia para conocer “la causa determinante” del fallecimiento.
Fein relató que fue la madre del fiscal quien encontró el cuerpo sin vida de su hijo y que la puerta del departamento donde residía no estaba forzada.
Los agentes encargados de custodiar a Nisman, pertenecientes a la Policía Federal Argentina, habían alertado a su secretaria en la tarde del domingo al no obtener respuesta a los insistentes llamados telefónicos que le habían realizado.
Al constatar que el hombre tampoco respondía al timbre de la casa, decidieron informar a los familiares, indicó el Ministerio de Seguridad. La escolta recogió a la madre de Nisman en su domicilio para dirigirse a la vivienda del fiscal, un departamento en una alta torre de Buenos Aires.
Al entrar, la mujer se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave y que ésta estaba colocada por dentro en la cerradura.
Finalmente, un cerrajero tuvo que abrir la puerta tras la cual se halló el cadáver de Nisman. El ministerio no dio detalles sobre qué parte del cuerpo habría recibido el disparo de bala.
El secretario de seguridad, Sergio Berni, acudió al lugar para supervisar la aplicación de los protocolos de preservación de la escena del crimen por parte de la policía.
El fiscal había sido convocado para acudir al Congreso el lunes para dar explicaciones sobre su denuncia e informar sobre las pruebas con las que contaba.
Al informar hace unos días sobre su decisión de presentar la controvertida denuncia, el fiscal dijo a un grupo de periodistas que se sentía muy seguro del paso que estaba dando y que no sabía “que podía pasar” o si iba a haber represalias en su contra.
Nisman consideraba a Fernández presunta responsable de un plan para desvincular a los sospechosos iraníes del atentado en 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA, que causó 85 muertos y más de 200 heridos.
El fiscal presentó su denuncia ante el tribunal del juez federal Ariel Lijo, al que pidió la indagatoria de la presidenta, el canciller, un diputado nacional oficialista y dos dirigentes sociales cercanos al gobierno, entre otras personas.
Fernández no ha hecho aún declaraciones públicas sobre la decisión de fiscal pedir su indagatoria y la de sus allegados.
Pero el canciller negó el jueves las imputaciones de Nisman contra la mandataria y contra él, y lo tildó de mentiroso e ineficaz en la investigación del atentado, el más grave ocurrido en suelo argentino.
El ministro dijo también que Fernández fue una de las dirigentes “más activa en buscar el juicio y castigo a los perpetradores del brutal atentado”.
Recordó distintas peticiones de la mandataria en asambleas de Naciones Unidas para que Irán permita que sus ciudadanos acusados por el ataque se sometan a la justicia.
El 18 de julio de 1994, una camioneta cargada con explosivos estalló frente al edificio de la mutual judía en Buenos Aires, causando la muerte de 85 personas.
Ocho iraníes, algunos de ellos altos funcionarios del país en el momento del ataque, fueron acusados y sobre cinco de ellos pesan circulares rojas de Interpol o prioridades de búsqueda.
Según la denuncia de Nisman, la presidenta y su canciller “tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de la República Argentina”.
Entre los acusados de participar en este supuesto plan para la “impunidad” de los iraníes se encuentran, además, el diputado nacional oficialista Andrés Larroque, personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia que no fue identificado, los dirigentes sociales Luis D’Elia y Fernando Esteche, el exfiscal Héctor Yrimia, que investigó el atentado poco después de ocurrir, y el “referente comunitario” y nexo local del régimen iraní, Jorge “Yussuf” Jalil.
Según Nisman, parte de sus pruebas se fundamentaban en intervenciones telefónicas en las que supuestamente se escuchan las voces de personal de inteligencia, del diputado Larroque, de D’Elia (que fue subsecretario de Tierras para el Hábitat Social), Jalil y Moshen Rabanni, que era agregado cultural en la embajada iraní en Buenos Aires en el momento del atentado. Sobre Rabanni pesa una orden de detención internacional bajo la acusación de ser uno de los autores intelectuales del ataque. Irán siempre negó cualquier implicación en lo sucedido.
