Patricia Arache.
En septiembre del pasado año 2021, el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader dio un plazo de tres meses a empresas radicadas en la República Dominicana que tienen a extranjeros contratados en forma irregular, para que regularizaran su situación en cumplimiento de la Ley 285-04, que es la Ley General de Migración.
Es obvio que tal disposición, anunciada, a través del Consejo Nacional de Migración (CNM), del que fungió como vocero el ministro de Interior y Policía, Jesús (Chú) Vásquez Martínez, estaba fundamentada en evidencias que establecían la existencia de esas contrataciones irregulares.
Aunque en ese momento, las autoridades no aportaron cifras sobre los extranjeros contratados en forma irregular, ni de las empresas que lo habrían hecho, a nadie tomó por sorpresa la admisión de que esa práctica indeseable tiene vigencia, porque, en definitiva, es una maña muy vieja, tanto en el país como en otras partes del mundo.
Lo que sí sorprende, y mucho, es que, a más de un año de esa disposición, anunciada desde el Palacio Nacional, en presencia del presidente Abinader, todavía se desconoce si las autoridades han detectado por lo menos un caso y si, a tono con esto, han aplicado el régimen de consecuencias advertido, según el cual, los violadores tendrían que pagar multas de 5 a 30 salarios mínimos.
En ese momento, el vocero del CNM advirtió que “el Estado tomará todas las medidas necesarias para evitar el ingreso de ciudadanos ilegales que impliquen una carga irrazonable para las finanzas públicas, incluyendo mujeres en estado de gestación, igual o posterior a los seis meses de embarazo”.
El anuncio generó múltiples expectativas, porque su correcta aplicación, sin dudas, impactaría positivamente en el respeto a los derechos humanos, al ordenamiento laboral, a las leyes del país sobre Migración y, por supuesto, en un mejor aquilatamiento de la Constitución de la República Dominicana.
Los Ministerios de Interior y Policía y de Trabajo fueron los garantes del cumplimiento de ese anuncio, en el que se evocaron incluso los artículos que van del 135 al 140 del Código de Trabajo de la República Dominicana, adoptado mediante la ley 16-92, que establece que los trabajadores contratados en el país deben cumplir, por lo menos, el 80% de dominicanos y el restante 20% de extranjeros.
Como no hubo consecuencia alguna en los tres meses de plazo otorgados para el cumplimiento de la disposición, que no fue antojadiza porque se hizo con apego a las leyes nacionales, un año más tarde, sin haber visto cambios, tendremos que convenir que el país se convirtió en un paraíso terrenal, en el que todos los empresarios cumplen como nadie, con racionalidad, transparencia, justeza y en forma correcta los procedimientos.
Y, nada más lejos de eso, aunque, naturalmente, hay empresas que sí cumplen con sus deberes y conciencia.
Hemos propuesto, como forma de contribuir a la reducción de la presencia de extranjeros que carecen de registros legales en el país, que en vez de atacar al “mensajero”, que en este caso es el trabajador, lo hagamos con el creador del mensaje, que es el que los contrata.
Si así lo hiciéramos, no tendríamos que estar, como lo estamos hace ya muchos años, de boca en boca de supuestos defensores de derechos humanos y de los extranjeros en la República Dominicana, aunque estén descalificados moralmente para hacerlo.
En todos los países del mundo, las empresas se ocupan de que el personal contratado, nacional e internacional, cumpla con las leyes, las disposiciones, las resoluciones y las normativas establecidas en el país, incluso, como condición para incorporarlos a la plantilla de trabajadores.
En Costa Rica, por ejemplo, recientemente se produjeron cierres de establecimientos comerciales y de empresas que habían contratado como empleados a extranjeros de distintas nacionales sin registros ni permisos, lo que les facilitaba ofrecerles salarios menores de los establecidos, el incumplimiento del pago a la Seguridad Social y hasta el abuso y la agresión física y verbal, porque eso ocurre en el mundo.
La diferencia está en que cuando las autoridades de otras naciones detectan violaciones, de inmediato actúan contra los verdaderos responsables. Por allá, por otros lares, la soga no siempre se rompe por lo más delgado. Y es que tienen conciencia de que las leyes son para cumplirlas. ¿Y en República Dominicana, pa´ cuándo?
