Manuel Jiménez V.
En ocasiones, da la impresión de que las autoridades haitianas creen que la República Dominicana es una extensión de su territorio.
Esta presunción, claramente fuera de lugar, les lleva a cuestionar decisiones soberanas que adoptamos, como está ocurriendo actualmente con el tema de las repatriaciones masivas de inmigrantes indocumentados.
Lo curioso es que todos los países de la región, incluyendo nuestros vecinos del Caribe, también repatrian inmigrantes haitianos cuando llegan a sus costas sin papeles.
Pero, por alguna razón, las únicas repatriaciones que parecen incomodar al gobierno de Haití son las que hacemos desde la República Dominicana.
Resulta más sorprendente aún que el gobierno haitiano no solo critica estas medidas, sino que busca movilizar a la comunidad internacional en nuestra contra, bajo el supuesto de que siempre encontrarán aliados dispuestos a condenarnos.
Sin embargo, en esta ocasión las cosas no les han salido como esperaban. Haití pidió la convocatoria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero lo único que lograron fue que la mayoría de los países reafirmaran el respeto a los derechos humanos de los repatriados, algo en lo que el gobierno dominicano está de acuerdo y lo ha proclamado públicamente.
Claro, hubo excepciones, como el caso de Estados Unidos, que suele ir más allá de simplemente pedir respeto a los derechos humanos, ignorando convenientemente su propio historial en temas migratorios.
Lo que verdaderamente no se entiende es cómo el gobierno haitiano reacciona con tal indignación, como si no fueran ellos, y solo ellos, los responsables del éxodo masivo que sufre su país.
Las autoridades haitianas parecen olvidar que han fallado de manera constante en cumplir con las obligaciones más básicas de gobierno, incapaces de sacar a su pueblo de la pobreza, la inseguridad y el caos que los ha sumido en una crisis sin fin. Haití es el ejemplo perfecto de un Estado fallido, donde el liderazgo político, social y empresarial ha sido incapaz de construir un futuro para su gente.
Históricamente el gobierno haitiano no ha tenido la fortaleza ni la responsabilidad para llegar a acuerdos que estabilicen su país, ni para implementar políticas públicas que impulsen el desarrollo económico, el progreso social o la inclusión.
Esta falta de gobernabilidad ha llevado a que la comunidad internacional, tras años de esfuerzos fallidos, prácticamente haya abandonado cualquier esperanza de ayudar a Haití.
Mientras tanto, Haití sigue siendo un desastre sin perspectivas de mejora a corto plazo. Esta situación ha dejado a millones de haitianos sin otra opción que no sea la emigración, buscando un futuro mejor fuera de las fronteras de su país.
Lógicamente, la vulnerabilidad de nuestra frontera y la proximidad geográfica hacen de la República Dominicana el destino más común.
Aquí, los inmigrantes haitianos encuentran oportunidades de trabajo, en parte gracias a la falta de regulación interna de la migración y al sector empresarial dominicano, que se ha acostumbrado a pagar salarios bajos con la excusa de que «el dominicano no quiere trabajar».
No podemos olvidar, sin embargo, que hasta hace pocos años la mano de obra dominicana era predominante en sectores como la construcción y la agricultura. Esto ha cambiado por una combinación de factores, incluyendo la preferencia de algunos empresarios por contratar esa mano de obra barata, lo que ha generado un desbordamiento de la presencia haitiana en nuestro país.
Es en este contexto que debemos entender la reciente decisión del presidente Luis Abinader de intensificar las repatriaciones de inmigrantes indocumentados.
Esta medida es una respuesta necesaria para proteger nuestra soberanía y preservar el orden en nuestro país. No podemos seguir permitiendo que se nos critique por ejercer el derecho que tiene cualquier nación soberana de controlar sus fronteras y regular la migración.
La posición de Haití en este conflicto es insostenible, ya que ignoran su propia responsabilidad en la creación de esta crisis migratoria.
