Jimmy Cherizier, en una foto de archivo.
En un país sin ley, él impone la suya.
El jefe criminal más temido de Haití se llama Jimmy Cherizier, aunque es más conocido como Jimmy «Barbecue».
Según él, porque su familia regentaba un negocio de carne a la brasa; según algunos testigos de la violencia haitiana, porque acostumbra a quemar las casas y los cadáveres de sus víctimas.
Aunque empezó como agente de la policía, hoy es el líder del llamado G-9 y Familia, una alianza de algunas de las bandas más peligrosas en uno de los países más peligrosos del mundo.
Junto a otras poderosas organizaciones criminales, entre ellas la 400 Mawozo —la banda a la que se atribuye el reciente secuestro de un grupo de 17 misioneros estadounidenses y canadienses en Haití—, el G9 y Familia ha contribuido al caos que se ha adueñado del país caribeño, agravado tras el asesinato el pasado julio de su presidente Jovenel Moïse.
La desaparición del dirigente parece haber encolerizado a «Barbecue», que ahora amenaza con lanzar a su organización a una «revolución» contra la «corrupta» élite política del país.
Nacido en Puerto Príncipe, la capital haitiana, ni las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra él, ni ninguna autoridad de su país han servido hasta ahora para pararle los pies.
De policía a criminal
Ya en su época de funcionario policial, Cherizier cruzó la línea que separa ambos lados de la ley.
Se le atribuye la participación en la muerte de nueve civiles que cayeron en el marco de lo que se presentó como una operación oficial contra las mafias en Grand Ravine, un barrio de Puerto Príncipe, en noviembre de 2017.
Según Jeremy McDermott, del centro de estudios sobre el crimen organizado Insight Crime, «la policía haitiana está penetrada por elementos de las pandillas y hay grupos que actúan fuera de la ley».
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La primera banda en la que «Barbecue» despuntó como cabecilla del hampa fue Delmas 6, que se hizo con el control de varias zonas de Puerto Príncipe.
Según algunos informes internacionales, Cherizier se benefició de su connivencia con miembros del gobierno de Moïse para ir ganando poder e influencia.
Pierre Esperance, director de la ONG haitiana Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, le dijo a BBC Mundo que «las bandas criminales están mejor equipadas que la policía y cuentan con la protección de las autoridades».
Un informe del Grupo Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Leyes de Harvard publicado poco antes del asesinato de Moïse aseguró que durante su presidencia, «bandas armadas están llevando a cabo con aprobación del Estado ataques atroces contra civiles en vecindarios empobrecidos de Puerto Príncipe» en un intento de «aplastar la disidencia».
El gobierno de Moïse negó toda relación con las bandas criminales.
BBC Mundo envió una solicitud de comentarios al partido de Moïse, pero no obtuvo respuesta.
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El narcotráfico, el secuestro de cargamentos de combustible, que escasea en el país, y otros delitos, posibilitaron el auge de la organización de Cherizier, que hoy se financia sobre todo gracias a la extorsión.
«Crímenes contra la humanidad»
A Cherizer se le atribuye un rol en tres matanzas perpetradas en los últimos años que dejaron centenares de muertos en algunas de las zonas más deprimidas de Puerto Príncipe.
Cherizier ha negado su participación en estos sucesos. Joey Bui, abogada y una de las autoras del informe de Harvard, le dijo a BBC Mundo que «estuvo implicado en los tres ataques como líder».
«Es ampliamente sabido que fue quien perpetró estas matanzas, pero nunca ha respondido ante las autoridades», añade la experta. Esperance concluye que «en Haití hay una total impunidad para las bandas y nunca se ha hecho un esfuerzo por capturar o llevar ante la justicia a los responsables de las matanzas».
El gobierno de Estados Unidos sancionó a Cherizier en 2018 por su papel en las muertes de civiles.
De acuerdo con los expertos de Harvard, las matanzas en las que se le implica reúnen las condiciones para ser consideradas crímenes contra la humanidad y ser investigadas por la Corte Penal Internacional (CPI).
La primera de ellas tuvo lugar en noviembre de 2018 en La Saline, un barrio de Puerto Príncipe que había sido muy activo en las protestas contra el gobierno de Moïse.
Entre el 13 y el 14 de noviembre, se llevó a cabo un asalto de 14 horas en el que sacaron a las víctimas de sus casas, incluidos niños, y los ejecutaron a punta de pistola o de machete. Al menos 71 personas murieron y 11 mujeres fueron violadas.
Un año más tarde, el vecindario de Bel-Air, que había levantado barricadas y bloqueado calles en el contexto de protestas en todo el país, sufrió una embestida similar de grupos armados vinculados a Cherizier. El saldo fue de al menos 24 muertos.
La policía no acudió al lugar pese a las llamadas de alerta de los residentes, lo que hace que muchos sospechen de connivencia oficial.
La última y mayor de las matanzas ocurrió entre mayo y julio de 2020, cuando ya se había formado la alianza criminal del G9 y Familia, en Cité Soleil, una barriada muy pobre en las afueras de la capital. Al menos 145 civiles murieron, varias mujeres fueron violadas y muchas casas ardieron en lo que los residentes interpretaron como una represalia por su rechazo al gobierno.
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Según Bui, «Cherizier nunca ha pagado por lo que hizo».
Hay testigos que señalan que incluso después de que se emitiera una orden de captura contra él las fuerzas de seguridad le entregaban paquetes de ayuda para distribución en los vecindarios bajo su control.
Qué se propone ahora Cherizier
El asesinato de Moïse, en cuya presidencia extendió su poder, ha cambiado el panorama para Cherizier.
Ahora se prodiga en apariciones en las redes sociales, desde las que lanza llamamientos contra el primer ministro Ariel Henry, el hombre que asumió el gobierno tras la muerte de Moïse con el compromiso de celebrar elecciones cuanto antes.
Sus detractores acusan a Henry de estar detrás del plan para matar al presidente, aunque no hay evidencias de ello y la investigación para esclarecer el magnicidio continúa, y Cherizier lidera el coro de los que le han declarado la guerra.
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Haití debe llevar a cabo unos nuevos comicios con los que resolver el vacío de poder y la crisis institucional, agravados ambos por el magnicidio, pero la inseguridad y el poder de las bandas han hecho por ahora imposible ese objetivo.
Según McDermott, «se puede afirmar que Haití es hoy día un Estado fallido y la policía está muy infiltrada por el hampa».
En ese contexto, «el riesgo es que los grupos criminales intenten ocupar espacios políticos».
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Con sus llamados a la «revolución», sus diatribas contra los políticos y sus intentos de presentarse como un benefactor de las comunidades de los barrios controlados por sus huestes, «Barbecue» da muestras de coquetear con esa idea.
Pero otros grupos criminales rivales de su G-9 y Familia podrían tener idéntico objetivo y trasladar a la política sus habituales enfrentamientos en las calles de un país en el que las muertes violentas ocurren casi a diario.
McDermott concluye: «Nuestra preocupación es que en las circunstancias actuales es prácticamente imposible para cualquier político honesto hacer campaña en Puerto Príncipe y en la mayoría de otros lugares del país».
