Desde la instauración de un gobierno democrático en 1991, por primera vez y con las consecuencias naturales, el Poder Ejecutivo es dirigido por dos personalidades ambas carentes de una trayectoria conocida en el movimiento social, la política o la administración pública.
Salvo que el artista Sweet Micky, hoy el presidente Michel Joseph Martelly, en alguna otra ocasión haya participado en eventos de la oposición anti-Aristide para truncar su mandato en 2004, su amigo y socio, el Primer Ministro, Laurent Lamothe es un hombre de negocios que desarrolló sus operaciones mayormente fuera del país en el campo de las telecomunicaciones.
Su llegada al poder en 2011 de la mano de un sector de la comunidad internacional, contando tan solo con unos 700,000 mil votos, es una deshonrosa derrota por no decir una bofetada a líderes políticos tradicionales con un amplio historial de lucha por la democracia, pero que han tenido grandes desaciertos en su rol opositor.
Unos esperaban la ocasión de desquitarse ante cualquier oportunidad. Otros, en base a los diversos errores del Ejecutivo, desarrollaron un plan de acción político cuyo objetivo es la renuncia del Jefe del Estado y del Jefe de gobierno.
Ello implica, una ruptura constitucional que pudiera, una vez más, traer el caos al país según los más sensatos.
En un hecho sin precedente, tras tres años sin organizar las elecciones legislativas y municipales para renovar el personal político, la oposición y grupos de la sociedad civil tuvieron el buen motivo para acusar a la administración Martelly-Lamothe de querer llevar al país a una crisis institucional con la finalidad de dirigir por decretos.
Para los senadores, igualmente cuestionados en el manejo de la crisis, lo dicho arriba no es fortuito, sino que responde a una planificación estratégica que buscaría, entre otros, facilitar la concesión de contratos de explotación minera o turística a empresas extranjeras, el despilfarro del presupuesto nacional, el dominio del Ejecutivo sobre el proceso electoral para alternase en la Presidencia y fortalecer la injerencia foránea.
Además, el tema de la corrupción, debido a cuestionamientos en el manejo de los fondos de PetroCaribe y del Fondo Nacional para la Educación alimentado por una retención fiscal irregular sobre las remesas y las llamadas telefónicas de la diáspora; las violaciones de derechos humanos por el encarcelamiento de militantes políticos y las paupérrimas condiciones de la vida de las masas han sido intensamente usados por la oposición para sustentar sus denuncias de una gobernanza ineficaz.
Ante ese cuadro, los posicionamientos públicos han estado acompañados de manifestaciones callejeras cada vez más amplias en contra del poder.
No obstante, el presidente goza aún del respaldo político de influyentes misiones diplomáticas que asumen sin reservas la obligación de que termine su mandato.
Mientras, su cercanía palaciega, incluso su cuñado, en este caso, en las protestas de la oposición, piden la cabeza del Primer Ministro.
En ese mismo tenor, una comisión presidencial consultiva creada para hacer recomendaciones con vistas a sanear el ambiente político y evitar el vacío institucional, planteó al presidente el sacrificio de la renuncia del Primer Ministro y su gabinete.
Asimismo, recomendó la liberación de los presos políticos, el nombramiento de un nuevo Consejo Electoral Permanente (CEP), la dimisión de los presidentes del Consejo Superior de la Policía Judicial (CSPJ) y de la Corte de Casación y la organización de las elecciones en un tiempo prudente.
Varios parlamentarios, entre otros, el presidente de la Cámara baja se oponen a dichas recomendaciones presentadas en el palacio en presencia de los tenores de la comunidad internacional.
Para resolver un problema coyuntural, el presidente, cuyo mandato termina en mayo de 2016, parece forzado a adoptar las recomendaciones de la comisión.
Pero para encarar los problemas estructurales, Haití es digno de mejor suerte.
