Patricia Arache.
Los hechos de violencia en los últimos días, en la República Dominicana no dejan lugar a dudas sobre la necesidad de que todos hagamos algo, de que dejemos de lamentarnos, quedarnos contemplativos, o solo demandar al Gobierno que frene esas prácticas.
Agresiones interpersonales en público, homicidios, feminicidios, asesinatos, secuestros, estafas, acechanzas, alevosías, acosos sexuales o intentonas y mucho más, conforman el largo rosario de penas, angustias, dolores y muertes que caracterizan la convivencia social humana en este país.
Las estadísticas sobre la violencia y, hay que decirlo, en menor medida, la delincuencia, obligan a replantearnos las formas en las que hemos decidido coexistir en este planeta.
Comenzar “por el principio” es casi obligado cuando la raíz, el tronco, las hojas y los frutos están dañados.
Es obvio que en esta nación ha llegado el momento de autoevaluarnos y definir si queremos seguir siendo la cuna del canibalismo, la sociedad de la sangre, de la intolerancia, del irrespeto, de la desconsideración y del abuso, o si nos interesa dar el salto hacia la necesaria convivencia pacífica.
Son muchos los factores que intervienen en la proliferación de la violencia, pero, de entrada, hay que pensar en la familia, seguida muy de cerca por la escuela.
Con estas dos variables sociales hay que trabajar urgentemente y no lo digo solo yo. Lo aseguran los expertos de la conducta humana y del comportamiento social, pero, hasta las propias autoridades con facultades para trazar líneas que impulsen o propicien un cambio.
Hay que educar en el respeto, en la solidaridad, en la colaboración, en el amor y en la justicia, como base del entrenamiento para alcanzar la condición de ser social y humano.
En el primer trimestre del presente año 2022, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez (Chú) expresaba su convicción sobre el carácter de la sociedad dominicana:
“Tenemos una sociedad violenta y todos debemos sumarnos a los esfuerzos que se hacen para mejorar los niveles de seguridad ciudadana”.
Las expresiones del alto funcionario gubernamental revelan el conocimiento que tiene de un problema sobre cuyo ministerio recae la mayor responsabilidad para la adopción de políticas públicas que permitan minimizar la incidencia de los flagelos sociales.
Por eso no pocas personas quedaron sorprendidas cuando el pasado lunes 22, el mismo funcionario, en un aparente arrebato de “hartazgo” frente a los cuestionamientos continuos sobre qué hacer con el aumento de la violencia y la delincuencia en RD, dijo que no puede asignar “un policía a cada ciudadano”.
Y, ¡Claro que no! No se puede asignar un policía a cada ciudadano, porque, además, esa no sería la solución a un problema que, como se ha dicho, y él mismo lo asume, es multicausal.
En el mismo contexto de esa innecesaria aclaración, el ministro de Interior y Policía volvió en sí y expuso nuevamente su visión:
“Nosotros entendemos el problema que estamos viviendo en el país, con los niveles de violencia y tenemos entonces que trabajar con la sociedad, con las iglesias, con las juntas de vecinos con las organizaciones para que podamos crear un ambiente”.
Ni más ni menos. De eso se trata del trabajo conjunto de los entes sociales para frenar una situación que, lejos de lucir controlada, crece cada vez más, pero, me preguntan y yo pregunto: ¿Es suficiente con decirlo o hace falta la acción?
La respuesta no puede hacerse esperar: “Hace falta la acción”. Hay que comenzar.
