Rafael Chaljub Mejìa
La comisión que revisó el proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia ha terminado su trabajo.
Dice que en la revisión tomaron parte juristas, representantes de la sociedad civil, del empresariado y la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD).
Muy bien que el presidente demostrara otra vez que es sensible y sabe escuchar las críticas, que se aceptaran modificaciones y enmiendas y que la SDD se muestre satisfecha por las modificaciones que se lograron.
Pero aclárenme.
El texto original decía que si esa DNI considera que alguien tiene informaciones peligrosas para la seguridad del Estado, ese organismo puede apresarlo, interrogarlo y si el sospechoso no declara lo que el DNI supone, aunque nadie está obligado a declarar contra sí mismo, entonces viene una acusación y una posible condena de tres años de cárcel como mínimo. Una monstruosidad propia de las peores dictaduras militares.
Tengo informaciones de que los oficiales de inteligencia que sometieron el proyecto, de factura extranjera, por supuesto, han defendido con uña y diente su propuesta, bajo el argumento de que deben dictarse leyes más drásticas para combatir los delitos cibernéticos. Correcto.
Pero no a costa del derecho a la intimidad individual, ni de los otros derechos ciudadanos.
Aquí hace años que no existe persecución política como política de Estado; pero nadie puede prever lo que pueda pasar en el futuro.
Si algo ha costado caro a este pueblo ha sido la conquista del margen de libertad política que tenemos, y si por algo hay que pelear como leones es precisamente por mantenerla y ampliarla.
Yo sé de lo que estoy hablando y como no puede relajarse la vigilancia ni perderse el espíritu crítico, fui de los primeros en criticar ese aspecto del proyecto.
Es lamentable el silencio y la indiferencia de gran parte de las fuerzas progresistas ante problemas políticos concretos como este, como si no fueran las primeras en verse afectadas por una legislación de ese tipo en el futuro.
Ojalá que a quienes revisaron la ley no se les haya pasado por alto la amenaza a la libertad personal, al derecho a la intimidad y a todos los derechos democráticos.
Confío con firmeza en que, en caso de que la parte a la que me refiero no haya sido corregida, el presidente Luis Abinader hará su propia revisión y él mismo se encargará de corregirla y no dejar que una legislación así forme parte de su legado.
