Operación Guepardo: Corte mantiene prisión a implicadas en red de estafa electrónica

SANTO DOMINGO.- La Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, rechazó un recurso de apelación interpuesto por las principales cabecillas de la red de estafa electrónica de carácter inmobiliario desmantelada mediante la Operación Guepardo y confirmó la prisión preventiva de 18 meses en su contra.

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Se trata de Rocío del Alba Rodríguez de Moya y a Marisol Nova Nolasco, quienes cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

La decisión del magistrado Glass Gutiérrez, responde a la solicitud de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana. Asimismo, el Ministerio Público también pedirá el próximo 5 de agosto en la revisión obligatoria de la coerción, que le sea confirmada la medida privativa de libertad a Yves Alexandre Giroux, principal cabecilla de la red.

Alexandre Giroux, cumple la misma medida de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.

Sobre el caso

Según el expediente, Yves Alexandre Giroux lideraba la red junto a Loany Ortiz, quien permanece detenida en Bogotá mientras se completa el proceso de extradición solicitado por el Ministerio Público dominicano. Se espera que sea trasladada al país en los próximos días para responder ante la justicia.

La estructura criminal promovía proyectos inmobiliarios ficticios, utilizando la marca internacional RE/MAX como fachada, y atraía víctimas desde República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

Durante la investigación, se determinó que el grupo recibió más de 18.8 millones de dólares (US$18,851,583.12). Además, fueron incautados bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, así como vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentos clave.

El Ministerio Público señala que estos hechos constituyen violaciones a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, al artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El equipo de litigación estuvo integrado por los procuradores de corte Benito Nieves, Abraham Ortiz y Manuel Castro, junto al fiscal Claudio Cordero.

Las magistradas Ramona Nova y Reina Rodríguez destacaron que esta decisión refuerza la validez de la acusación y la solidez de la investigación.

El Ministerio Público reiteró que continuará con las acciones necesarias para asegurar que todos los involucrados enfrenten las consecuencias legales correspondientes.