Guatemala.– El ministro guatemalteco de Comunicaciones, Aldo García, aseguró este lunes que los pagos a la empresa brasileña Odebrecht están suspendidos, luego de encontrarse anomalías en el contrato suscrito durante la administración del detenido expresidente Otto Pérez Molina por 399 millones de dólares.
García explicó en el Parlamento, convocado por el bloque opositor de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que aún no ha presentado la denuncia al Ministerio Público (MP) porque espera un refrendo de la Procuraduría, lo cual causó molestias a los diputados opositores Orlando Blanco, Carlos Herrera y Jairo Flores.
El ministro comentó que no ha denunciado el caso porque envió un dictamen para que lo refrendara la Procuraduría General de la Nación (PGN) en la línea de liquidar el contrato, aunque aclaró que aún no analizan la respuesta de esa institución.
Según el funcionario, el contrato firmado por el anterior Gobierno en 2013 fue modificado en 2014, lo cual subió de precio el kilómetro, sin dar más precisiones.
Ese contrato con la empresa brasileña, según la UNE, fue ratificado por el ministro de Comunicaciones de Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi.
Diputados de la UNE reclamaron al ministro de Comunicaciones de Guatemala denunciar las anomalías encontradas en el contrato firmado en 2013 con la empresa brasileña Odebretch para la construcción de una carretera en el suroeste del país.
Los diputados de la UNE inquirieron a García sobre la situación con esa compañía, que habría pagado al menos 18 millones de dólares en sobornos al Gobierno de Pérez Molina (2012-2015), según investigaciones en Brasil, EEUU y Suiza por el escándalo «Lava Jato».
Los legisladores le reclamaron al ministro que al conocerse las anomalías no presentara la denuncia.
Flores le insistió en que «si tiene conocimiento de la sobrevaloración, es suficiente para presentar la denuncia».
La empresa Odebretch fue contratada por Guatemala para la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 occidente, que va de Cocales en el departamento sureño de Escuintla, hacia Tecún Umán, San Marcos, frontera con México, por la que cobraría 399 millones de dólares.
Sin embargo, esta compañía subcontrató a otras para la ejecución de la obra.
Según investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un ciudadano brasileño a quien identifican como el «Agente 6», era el encargado de realizaron los negocios de esa empresa en Guatemala.
