Gremios magisteriales anuncian consultas nacionales para analizar la crisis del sistema educativo

  • Plantean que decreto 309-26 no plantea reforma que requiere la educación

Fernando Peña junto a dirigentes magisteriales mientras hacían su planteamiento.

Santo Domingo.- Alegando que se perderían las conquistas logradas del sector, gremios magisteriales insistieron en que la transformación de la educación contemplada en el Decreto 309 -26 no garantiza la reforma que requiere el sistema a nivel nacional.

De ahí, que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd), la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos Docentes, y el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UASD declararon su adhesión a la lucha por una reforma centrada en la educación pública, en correspondencia de la Constitución de la República.

Adelantaron que consultarán a la sociedad dominicana sobre los contenidos que requiere la reforma en la educación pública de manera democrática y participativa para proponer las bases conceptuales, teóricas y programáticas, ético y humano.

Jornada de socialización frente a lo que consideran un escenario teatral

Decidieron realizar varios seminarios regionales con la idea de socializar un plan en el que se escuchen las voces magisteriales, no de los sectores de élites, grupos empresariales ni burocráticos, como entienden lo impulsa el Gobierno.

“Estamos planteando es la necesidad de que se haga una consulta real, no se monte un escenario puramente teatral para no agotar los problemas de fondo, sino que se analice con profundidad la crisis del sistema educativo y propongan las alternativas sin menoscabo de los derechos que ha acumulados el magisterio, la ADP, FAPROUASD y el pueblo que ha luchado por la educación como un derecho y no como una mercancía”, comentó Fernando Peña, representación del ODPP de la UASD.

Peña dijo que desean que se que se escuchen las voces magisteriales, los técnicos y sobre todo de la ciudadanía, porque la educación es un derecho no solo de los estudiantes, sino de las familias y la clase trabajadora.

Peña habló en rueda de prensa junto a Menegildo de la Rosa, secretario de comunicaciones y relaciones públicas de la ADP; Rafael Féliz, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP; Rafael Méndez, secretario general de FAPROUASD; Zoraida Trinidad, de asuntos docentes de la ADP e Inés Rosó del OPP de la UASD.

Calendario y fechas de los seminarios regionales de consulta ciudadana

La consulta la harán a través de una serie de Seminarios Regionales que llevarán a cabo en Santiago de los Caballeros el martes 7 de julio; en San Juan de la Maguana el jueves 9; en San Francisco de Macorís el jueves 16 de julio; en Higüey el jueves 23; Barahona el jueves 30 y en el Gran Santo Domingo el jueves 6 de agosto.

En esos seminarios pretenden recoger en una jornada las reflexiones, de todas las organizaciones sindicales, mujeres, ecologistas, académicos y de investigación, así como personalidades interesadas sobre el curso que debe tener la reforma.

Evaluación del estado de las escuelas en los centros educativos

En agosto también estarán harán una consulta en los centros educativos del país para involucrar a todo el magisterio, los estudiantes, padres y madres, además de las organizaciones comunitarias, lo que permitirá estudiar de forma participativa el estado y condición de la educación y las políticas que se orientan en el sistema a través del Decreto 309-26, en función de los derechos adquiridos por el sector y el pueblo amenaza la educación.

Oposición a la burocracia empresarial y defensa del presupuesto del 4%

Plantearon que la reforma educativa, transformadora y crítica, democrática y participativa, no puede ser resultado de la gestión burocrática de élites intelectuales, empresariales y grupos económicos que niegan el derecho a la educación y la han reducido a una mercancía.

Reiteraron la firme decisión de oposición a las propuestas que: Una transformación educativa no puede ser limitada ni manera apresurada.

“Debe garantizar las conquistas democráticas de la educación preuniversitaria, la libertad y los derechos de magisterio nacional; como también respetar el marco jurídico-legal que garantiza autonomía, fuero y 5 por ciento para la UASD y el 4% del PIB en lugar de aumentarlo conforme las exigencias del desarrollo sostenible y la justicia social”, dijo Peña.

Solo la consulta ciudadana asegura una reforma educativa progresista y puede para salvar la educación pública como derecho, la educación superior universitaria pública, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Educación Técnica de orientación pública al servicio del desarrollo nacional y la democracia dominicana.

Sobre el autor

Yanet Féliz

Periodista con amplia experiencia en temas de medio ambiente y ciudadanía.