Una de las mayores retrancas a la organización del tránsito y el saneamiento inmobiliario de Santo Domingo es que, tras el ajusticiamiento de Trujillo, gran parte de las propiedades urbanas de sus familiares, allegados y de propietarios legítimos fueron invadidas por ocupantes ilegales.
La violencia y desorden político de la década de los ’60 dio continuidad a esa irregularidad.
Convertida en un falso “problema social”, ningún gobierno se ha atrevido a meterle el pico para resarcir a los dueños de terrenos y vender o donar los solares del Estado, robados impunemente. Por eso, es muy importante el proyecto anunciado ayer para crear una empresa de capital mixto que construirá y operará un nuevo estadio de béisbol, “con estándares de Grandes Ligas”, en terrenos del ensanche La Fe, junto con un desarrollo inmobiliario en terrenos adyacentes al actual Estadio Quisqueya, según un proyecto del Poder Ejecutivo entregado al Congreso.
El rescate de estos terrenos y su puesta en valor servirá para continuar hacia la mayor parte del área al norte de la Kennedy hasta el río Isabela entre las avenidas Lope de Vega y Máximo Gómez, cuya relativa arrabalización es debido a que la mayoría de los ocupantes carecen de títulos de propiedad.
Aparte del saneamiento inmobiliario, se podrán ampliar vías tan importantes como la Tiradentes, Lope de Vega, Ortega y Gasset, Máximo Gómez y otras de orientación Sur-Norte para descongestionar el tránsito en horas pico y aliviar los puntos de taponamiento, como las entradas y salidas en Arroyo Hondo, La Agustina, El Caliche y Cristo Rey.
Tan relevante como la perspectiva de solución a un ancestral gravísimo problema de muchas aristas, el esquema de alianza entre la autoridad del Estado con el capital privado ofrece la esperanza de aplicación de la indispensable macana legal junto con la eficiencia administrativa del sector empresarial, cuya participación será licitada.