Aunque la grafología podría ser un gran auxiliar en el estudio de las diversas escrituras representadas en el papel –era lógico que no podía ser monumental, porque la piedra era muy pesada–, en el ámbito forense su enfoque es a partir del falsificador, quien se encargó en la historia de fabricar, desnaturalizar en su provecho las piezas ológrafas y documentos.
La verificación de la escritura como medio de prueba no tiene el carácter de una profesión como la medicina, con su Cuerpo de médicos forenses, o como la química, con sus analistas químicos.
Pero los grafólogos deben ser psicólogos, pues su análisis no es una mera anatomía, sino un retrato del carácter.
Ninguna policía científica del mundo moderno dispone de un cuerpo de grafólogos, sino que recurre a la organización de cursos de enseñanza, y les otorga diplomas para que sean acreditados por los tribunales.
En República Dominicana, la grafología forense debe estar haciendo pinitos. A los menos, los tribunales deben estar interesados de que así sea; empezaron su labor en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) como calígrafos, pero no hay grafólogos. Eso nos da un balance entre lo positivo y lo que se les objeta.
En Europa, estos conocimientos tienen una base científica y surgieron a requerimientos de los órganos judiciales. Como por el ejemplo, la Societé de Grafologie de París, que remite su lista de miembros cada año a todo el mundo, y que imparte un curso magistral, que contiene las siguientes asignaturas: métodos de verificación de escritura, que abarca todas observaciones gráficas (falsificación por la imitación o alteración, signos intrínsecos de la falsedad del documento, a máquina, características de los alfabetos, instrumentos gráfico especiales, movimientos de las escrituras, etc.), estudio de materiales falsos, raspaduras, traslados, sustitución en el papel; patología gráficas, como el trazado bajo el alcoholismo, o la resultante del estado senil; el estudio de tinta, y su comparación química, los papeles y sus variedades de fabricación.
En los últimos años, en el país, los diferentes casos de corrupción y lavado de activos apuestan al peritaje caligráfico para demostrar la legalidad o culpabilidad del acusado. Pero, ¿quién certifica al Ministerio Público en estas prácticas caligráficas? La solución es que haya más de uno por casos, y que, al menos, uno será un grafólogo privado. Estos peritos deben estar colegiados.
Alguien sugirió la idea de que las prácticas caligráficas las practique el Instituto de Criminología de la UASD, por ser neutral en los casos pendientes. No es buena idea, por la indefinición de esa institución, carente de peritos certificados en esa materia. Y en general, porque no tiene facultativos creíbles.
Desde los visigodos, la grafología es una técnica aceptada judicialmente. Su propósito es comparar documentos e individualizar personas para determinar la autenticidad o falsedad, las alteraciones y las manipulaciones, a través de firmas o de manuscritos, en notas de suicidio, testamento, amenazas y cartas. Tres son los elementos indispensables de la grafología o grafonomía: aptitud, estudio y práctica.
