Jesús Díaz
La investigación publicada recientemente por la veterana periodista Alicia Ortega sobre los contratos de excepción realizados por el entonces ministro de Obras Públicas y hoy candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, sigue poniendo en evidencia la frágil institucionalidad con la que opera el gobierno dominicano.
Para el 6 de septiembre de este mismo año escribí para mi habitual columna del periódico El Día un artículo titulado un “Ministerio sin ministro”, ésto refiriéndome a la formal renuncia de Gonzalo Castillo de esa función pública para dedicarse a la nominación presidencial de su partido. En el mismo, hacía algunas cuestionantes de si la firma del ministro saliente había cambiado ante los bancos dominicanos y quién firmaba los cheques.
Además, quién daría seguimiento a las obras en curso y si la Cámara de Cuentas realizaría alguna auditoría correspondiente al manejo de los recursos del Estado en el desempeño de sus funciones frente a ese Ministerio, sobre todo cuando éste no había justificado el gasto de su campaña.
También cuestionaba cómo ante la renuncia de Castillo, el presidente Medina no había nombrado de manera inmediata un nuevo Ministro en uno de los Ministerios más importantes del país.
Hoy todas aquellas cuestionantes tienen sus respuestas: la violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, donde los proveedores no eran únicos, sino, un festín de empresarios y amigos del entonces Ministro; violación a la Constitución de la República en su artículo 146 sobre proscripción de la corrupción y sus numerales 1, 2, y 3; violación a la Ley No 33-18 de Partidos, agrupaciones y Movimientos Políticos, sobre los gastos de campaña y la propaganda en el período de la precampaña y la campaña; violación a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y sus artículos 6,10 y 22.
No obstante las violaciones a las leyes, también sus propios compañeros de partido realizaron graves denuncias, debemos recordar cómo el 13 de agosto del año en curso Carlos Amarante Baret denunció que desde el Ministerio de Obras Públicas se utilizaba todo el poder de esa dependencia estatal para amenazar a los alcaldes con no repararles ni asfaltarles las calles de sus municipios si expresaban su apoyo a su precandidatura o a los demás aspirantes danilistas a la nominación presidencial del PLD.
Afirmó que esa situación era un maltrato innecesarios desde Obras Públicas y “un abuso que debía cesar ya”.
De igual forma para el 10 de septiembre su excompañero y exprecandidato presidencial peledeísta Manuel Crespo sometió ante la Junta Central Electoral (JCE) un recurso en el cual denunciaba al precandidato Gonzalo Castillo, por alegado uso de los recursos del Estado para su beneficio en la competencia por la candidatura presidencial del (PLD).
Crespo mostró documentación que sustentaba el recurso depositado en la JCE, en la cual presentaba una licitación del Ministerio de Obras Públicas para la compra de mochilas escolares. La licitación aparece firmada por Gonzalo Castillo, pese a que éste ya no era el ministro de Obras Públicas.
Que el entonces Ministro y hoy candidato presidencial del PLD gastara RD$ 11 mil 500 millones de pesos en contratos sin licitación, en menos de 5 meses, es para que el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas, Compras y Contrataciones del Estado, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) y la Dirección General de Ética e Integridad del Estado, abran una investigación urgente; de lo contrario, tendremos un nuevo caso de impunidad en los anales de la historia.
