David Alvarez
La corrupción pública está moviendo la inquietud ciudadana en toda América Latina. Es un hecho firme y muy positivo para la salud de la democracia latinoamericana.
No puede existir una verdadera democracía si está contaminada del robo de millones y millones de dólares del erario público.
En el caso dominicano la sociedad civil ha reaccionado con una gran marcha y ahora está recogiendo firmas para reclamar justicia para los implicados en el caso Odebrecht. Son válidas esas acciones en toda democracia que pretenda ser adulta y de parte del Estado, en sus diferentes instancias, debe darse una respuesta a la altura de las circunstancias.
Al igual que el PLD rechazó una insensata contra-marcha orquestada por quienes gustan paladear las suelas de los zapatos del poder, debe rechazar todo el discurso de quienes, con iguales gustos, difunden un fantasioso Golpe de Estado.
La impunidad no puede ser la garantía de la estabilidad del Estado, eso es aberrante.
El camino a seguir es uno solo. Investigar en el marco de nuestra legislación los implicados en el caso y someterlos a los tribunales. Mientras eso no ocurra el tema será político y perjudicará a la presente Administración Gubernamental. Dilatarlo únicamente generará sospechas.
El tema es judicial y debe ser llevado a ese terreno, con transparencia y apegado a las leyes. Quienes si pueden actuar como “golpistas” son los que, por temor o complicidad en el dolo, dilatan o desvían su camino obligado ante las cortes de justicia. Es hora de que actúe la justicia.
