SANTO DOMINGO.-Gobierno y oposición han hecho de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) campo de combate de ideas en función de sus propósitos.

Mientras los del Gobierno buscan encontrar en el pasado respuestas técnicas y financieras, los de oposición anclan sus posiciones en el futuro de las plantas negándose a un fideicomiso por entender el contrato tiene connotaciones de privatización.

Al debate se han sumado organizaciones no partidistas, fundaciones y profesionales del derecho, quienes hasta han realizado paneles explicativos en función de lo mismo (al menos en teoría), el futuro de la CTPC.

Auditoría financiera
Este jueves, el Poder Ejecutivo formalizó el pedido de auditoría financiera a la CTPC mediante instancia depositada ante la Cámara de Cuentas.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, leyó la misiva firmada por el presidente Luis Abinader y que reza de la siguiente manera: “El Gobierno dominicano está recibiendo los resultados de la auditoría técnica que sobre la CTPC efectuó la firma estadounidense Sargent &Lundy, adjudicataria mediante previo proceso de licitación pública.

Por lo tanto, cumplido ese requisito precedente, en ejercicio de las atribuciones que me confieren la Constitución y las leyes de la República Dominicana, estamos solicitando a esta honorable Cámara de Cuentas la realización de una auditoría financiera sobre dicho activo, que abarque hasta el 31 de diciembre de 2021.

Al mismo tiempo, les requerimos llevar a cabo los procedimientos de rigor a fin de determinar el costo financiero que significó para el Estado dominicano la construcción de la referida obra.

La presente solicitud responde a la línea asumida por este Gobierno en el sentido de cumplir y hacer cumplir los principios de transparencia, publicidad y juridicidad, previstos en el artículo 138 de la Constitución de la República como rectores del accionar de la Administración Pública.

Esperamos que este órgano de control externo de los recursos públicos acoja el requerimiento que le formulamos”, concluye la carta firmada por el presidente de a República.

Superficialidad
Previamente, la a coordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, demandó que sea realizada una auditoría forense a la CTPC además de la auditoría financiera ya anunciada por las autoridades del Ejecutivo.

Consideró que las auditorías financieras son muy limitadas y que la población necesita saber cuánto dinero le costó la obra al país. Manifestó apoyo a que sea debatido en el seno del Consejo Económico y Social el contrato de fideicomiso de CTPC, ya que es un organismo facultado constitucionalmente para esos fines, aunque señaló que la última palabra sobre su aprobación la tendrá el Congreso por lo que exhortó a los legisladores a leer el documento una vez lo tengan a la mano.

Sobre la solicitud de Blanco en torno a profundizar en las investigaciones, Peralta aseguró que la valorarían oportunamente.

Lo legal
Actualmente, el Tribunal Constitucional tiene en estado de fallo una acción de inconstitucionalidad sometida por la Fundación Justicia y Transparencia que procura evitar sea aprobado el actual contrato de fideicomiso propuesto por el Ejecutivo.

No obstante, Abinader optó por delegar la discusión del tema en el Consejo Económico y Social antes de que fuera ratificado por la Cámara del Senado, lo que aportará un aditivo explicativo sobre las implicaciones del mismo.

Las plantas a carbón de Punta Catalina fueron construidas en elGobierno de Danilo Medina y concebidas como una solución al déficit de generación eléctrica con el que históricamente ha lidiado la República Dominicana.
Las implicaciones de la constructora Odebrecht en actos de corrupción le han empañado.

Más opinión

—1— Sospecha
Diputado Gaddis Corporán dice es sospechosa, lo que considera enajenación del Gobierno a las plantas de carbón.
—2— Postura
Afirmó intentan manipular la opinión pública con la filtración de auditorías técnicas.

PLD dice Gobierno abandona las plantas
Declaración. El presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, Gaddis Corporán, afirmó que es evidente que desde el miércoles se inició una segunda campaña de descrédito de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, con la filtración de una auditoría que refleja algunas fallas en el mantenimiento de la termoeléctrica.

“Pero sí tiene tres meses sin administrador y adicional a eso no existe en este Gobierno planificación alguna”, afirmó.