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El Gobierno de Turquía, amparado en el estado de emergencia que rige desde el intento de golpe de Estado de julio, decretó ayer la expulsión de unos 15 mil funcionarios, la mitad de ellos policías, y el cierre de 375 asociaciones sociales y culturales y de nueve medios de comunicación.
El Ejecutivo consideró que las personas o entidades castigadas tenían “vínculos con una organización terrorista o formaban parte de una estructura cuyo fin es realizar actividades contrarias a la seguridad del Estado”.
El decreto publicado ayer no nombra a las organizaciones subversivas.
